El BNG considera que los informes encargados por el Gobierno sobre las causas del colapso en el viadcuto de O Castro de la A-6 revelan «defectos de construcción» de la infraestructura que, por lo tanto, deberían llevar a que se depuren responsabilidades.
El diputado frentista en el Congreso, Néstor Rego, ha registrado este jueves una petición de comparecencia para que el secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, acuda a la Cámara baja para informar sobre la situación y detallar cuáles serán los pasos a seguir para reparar la infraestructura y reabrirla al tráfico.
En este sentido, según recoge un comunicado del BNG, los nacionalistas han demandado que se concreten plazos e inversiones para que el viaducto que une las provincias de Lugo y León vuelva a estar operativo.
Rego extrae de los informes realizados por las dos consultoras contratadas por el Ministerio de Transportes que la estructura presentaba un deterioro «que no se corresponde con su antigüedad» y que evidencian «defectos de construcción» que, a su juicio, se intenta que «pasen desapercibidos».
El diputado ha remarcado que es necesario que se esclarezca las «causas reales» del deterioro «acelerado» de los elementos del viaducto, pues «ya se sabía» que iba a estar ubicado en una zona de precipitaciones y clima de montaña, lo que, según los informes, influyó en el estado de la infraestructura al presentar fallos de impermeabilidad.
Para Rego, es «irrisorio» que se apunten a «múltiples causas» del derrumbe pero «no se analice si eso es aceptable o normal» en un viaducto con 20 años de antigüedad, por lo que demanda que Flores acuda a la Cámara a resolver estas cuestiones y definir el calendario y las inversiones para solucionar los problemas de la infraestructura.
«Parece evidente que detrás de esta información parcial y ambigua está la tentativa de proteger las personas o entidades verdaderamente responsables de una construcción inapropiada, sean las empresas que ejecutaron el viaducto, sea el propio Ministerio se dio luz verde a un proyecto inadecuado para las condiciones de la zona», ha aseverado el parlamentario, que ha recordado que el proyecto fue construido por las constructoras FCC y ACS.
«Sabemos que son empresas con gran poder económico e, infelizmente, también político, pero si la responsabilidad está en una incorrecta ejecución del proyecto, la sociedad lo debe saber y la administración debe exigir responsabilidades», ha concluido.