La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que «absolutamente nadie» que disponga de una concesión de ocupación de la costa que sea compatible con la ley la ha visto «finiquitada» y ha asegurado que la modificación del reglamento de costas aprobado este pasado verano es compatible con la Constitución española y con la Ley de Cambio climático.

La vicepresidenta ha respondido así a la pregunta de la diputada del PP Margalida Prohens sobre las consecuencias de la modificación del reglamento de la ley de Costas en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Ribera ha defendido su «absoluta claridad» con respecto a la necesidad de invertir en seguridad. «Nos jugamos mucho en ello en seguridad de las personas, de las infraestructuras, de seguridad económica de nuestro país amenazado por el cambio climático», ha argumentado la ministra que ha acusado a la diputada del PP de hacer un «desprecio absoluto» o de hacer una interpretación selectiva de la Constitución así como de «mala memoria».

A ese respecto, ha recordado que el Tribunal Constitucional consideró «arbitraria y contraria a la Constitución» la Ley de Costas aprobada por el que fuera ministro de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Miguel Arias Cañete.

Frente a ello, ha señalado que el Tribunal Constitucional sí ha considerado «jurídicamente seguro y compatible» con la Constitución la modificación del reglamento de la ley de costas reciente con concesiones que garanticen que no pueda haber usos prohibidos en el dominio público marítimo terrestre, ningún elemento que haya sido aplicado retroactivamente.

Así, ha criticado que el PP no hace más que hacer ruido pero «aunque se empeñe», asegura que «no ha habido absolutamente nadie que haya visto finiquitada su concesión cuando es compatible con la ley».

En su intervención, la también presidenta del PP balear ha defendido que la modificación de la Ley de Costas de 1998 aprobada por el Gobierno en 2013 y el posterior reglamento aprobado en 2014 lograba el «equilibrio» entre la protección de la costa y la actividad humana, su actividad económica y la propiedad privada.

Si bien, ha acusado a Ribera de empeñarse en «reventar este complejo y trabajado equilibrio» con la modificación del reglamento aprobada en el mes de agosto y de dejar «miles de afectados» en todo el litoral español.

«Miles de familias que por su delimitación del dominio público y por su deslinde ven arbitrariamente amenazadas sus propiedades, casas, negocios, su medio de vida», ha precisado la diputada popular que ha instado a la ministra a escuchar a todos los afectados, incluso de lugares donde Gobierna el PSOE que han aprobado por unanimidad recurrir el citado reglamento.

En ese sentido, ha acusado a la vicepresidenta tercera de ser «la peor de las borrascas» desde su despacho en el interior de la M-30, desde donde ha decidido llevarse por delante viviendas en primera línea, chiringuitos, restaurantes con décadas de historia o arraigo e incluso núcleos urbanos de la isla de Formentera.

Prohens ha situado la modificación del reglamento en la «obsesión» de Ribera por «atacar todo, prohibir todo, por hacer todo incompatible, por introducir criterios arbitrarios en esa modificación del reglamento».

A su juicio, la vicepresidenta pone en riesgo la seguridad jurídica, la propiedad privada pero también el medio ambiente al que dice proteger porque estas familias y estos negocios a los que ataca llevan décadas protegiendo este entorno.