La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha fijado 2023 como el año de la promoción de vivienda pública en Galicia en una comparecencia en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento gallego para informar de las cuentas de este departamento autonómico para el próximo año, que se sitúa en 533,5 millones.

Lo ha hecho en una comparecencia en la que por parte de la oposición se ha calificado de «propaganda» las cuentas y de «prestado» las mismas, aludiendo a las aportaciones que se reciben desde el Gobierno central y los fondos europeos.

Tampoco han estado exentas por parte de la conselleira de Medio Ambiente y de la diputada del PP Marisol Díaz las críticas al Gobierno central en relación a la ley de residuos o los planes vinculados a la protección del lobo.

«El Gobierno central está castigando a Galicia», ha sentenciado la titular del departamento autonómico, que ha calificado también de «agravio» hacia la comunidad autónoma la política estatal. En ella, ha acusado al Ejecutivo de incluir también por «la puerta de atrás» un impuesto por la ley de residuos.

ACTUACIONES

Frente a ello, ha defendido unos presupuestos destinados, ha expuesto, a la rehabilitación de viviendas para mejorar la eficiencia energética; para dotar de suelo industrial y facilitar que se instalen en empresas o con ayudas para el alquiler a personas jóvenes o colectivos vulnerables.

«57,8 millones para facilitar el acceso a la vivienda, 31,6 millones para alquiler», ha citado, entre otras cifras, la conselleira, quien ha aludido a dos nuevas líneas de ayudas en 2023: a promotores públicos y privados para la promoción de viviendas destinadas a alquiler social y nueva convocatoria plurianual para ayudas a compra de vivienda.

«2023 año será clave para la promoción de vivienda pública», ha expuesto, con el objetivo de impulsar 1.200 nuevas viviendas públicas, mil de nueva construcción y 200 rehabilitadas.

También se ha referido a la ley de áreas empresariales que entrará en vigor, ha expuesto, el 10 de noviembre, o a las ayudas a los ayuntamientos para que redacten sus planes generales de ordenación urbana. «A ver si de una vez por todas se puede aprobar el plan general de Vigo», ha indicado.

En su intervención, ha aludido a objetivos como impulsar la primera ley de arquitectura de Galicia o a la ley de ordenación del litoral, con recurso ante el Tribunal Supremo, ha explicado, «de la reforma del reglamento de Costas impulsada de manera unilateral y que reduce competencias autonómicas en el litoral», ha señalado sobre la actuación del Gobierno central.

«50 de cada 100 euros dedicados a la economía circular», ha dicho la conselleira, que ha fijado para finales de año la operatividad de la planta de compostaje de Cervo, una de las tres que se podrán en marcha.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

De «ineficaces» ha calificado el diputado del BNG Luis Bará unas cuentas que, en su opinión, responden a un «raquitismo político y presupuestario». Así, ha sostenido que en algún municipio se lleva informando «ocho años de las mismas viviendas».

«Crean una realidad paralela mediante propaganda», ha argumentado también ante unas partidas que, a su juicio, evidencian la «falta de ideas». En particular, ha cuestionado que haya políticas en materia de economía circular y ha rechazado el «modelo Sogama».

Por su parte, la diputada socialista Paloma Castro ha argumentado que la Xunta no tiene «planificación propia». «Es irrisorio lo que se dedica a conservación del patrimonio natural», ha afirmado, aludiendo también así a las políticas en materia de vivienda.

«Una década de ausencias en promoción pública», ha manifestado, sumándose a las críticas sobre que se mantenga el modelo de incineración en Sogama. «No son ambiciosos en materia de medioambiente», ha apostillado. Frente a ello, la diputada del PPdeG ha rechazado el «relato rancio» de la oposición y ha reivindicado unas cuentas que apuestan, ha afirmado, por el «desarrollo sostenible».