El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha hecho repaso de la actividad legislativa que tiene por delante el Gobierno gallego y el Parlamento, con la previsión hasta final de año de contar con ocho textos normativos aprobados, entre ellos, el de presupuestos y la ley de medidas fiscales y administrativas –la conocida como ley de acompañamiento–.

En el marco de esta actividad legislativa, la Xunta ha enviado al Consello Económico e Social (CES) el texto que regulará una certificación sostenible para la producción alimentaria que convertirá a Galicia en «pionera». «Una cuestión que cada vez más el consumidor tiene como un valor añadido», ha manifestado el mandatario autonómico tras la reunión semanal de su gobierno.

Será en la ley de calidad alimentaria, de la que ahora el órgano consultivo deberá emitir su informe como paso previo para que esta normativa, que se impulsa desde la Consellería de Medio Rural, reciba luz verde definitiva antes de llegar al Parlamento para su aprobación final.

Sobre esta ley, ha explicado que, con esta iniciativa legislativa, se trata de actualizar el marco normativo gallego referido al impulso de la calidad de productos alimentarios que se producen o comercializan en la comunidad.

Los principales de la nueva ley son dar un nuevo impulso a la excelencia de los productos, incrementar su atractivo y el éxito en el mercado, impulsar el desarrollo local, es decir, el empleo y la actividad en el rural, y aportar todas las garantías de calidad a los consumidores».

ALIMENTOS DE CALIDAD DIFERENCIADA

Al tiempo, también se quiere fomentar, potenciar y garantizar la producción de alimentos de calidad diferenciada en Galicia y regular el funcionamiento de los consejos reguladores como entidades de gestión de figuras de protección de la calidad diferenciada.

En esta línea, se busca establecer las obligaciones de los operadores del sector en relación con su actividad como productores, elaboradores y comercializadores de productos alimentarios».

«Son algunas de las novedades, en definitiva, de una nueva ley que pretende reforzar la producción de nuestros productos de calidad, darles un nuevo impulso en el mercado, unir fuerzas con los productores y ser más eficaces contra las prácticas fraudulentas», ha enfatizado.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Antes de que esta ley continúe su tramitación, la Xunta tiene previsto hasta final de año aprobar ocho leyes y prevé que en 2023 sean 13 textos legislativos los que vean luz verde, según el plan legislativo 2020-2024 que sigue en vigor.

Las leyes más inminentes son la que regulará el juego en Galicia, la ley de presupuestos y la ley de acompañamiento, una normativa ‘paraguas’ que modifica varias normas y establece medidas en diferentes ámbitos.

Durante el último trimestre, según informó Rueda, también está previsto que se aprueben la Ley de estabilización del empleo público, la de arquitectura de Galicia, la de patrimonio de la comunidad y la de aprendizaje a lo largo de la vida adulta, junto con la de calidad alimentaria. Además se revisará la ley de artesanía y se abordará la legislación de los colegios profesionales.

El presidente autonómico ha recordado, además, que este 1 de septiembre entró en vigor la Ley de mejora de la gestión del ciclo integral del agua y que la semana pasada el Consello aprobó someter a consulta pública una ley de ordenación del litoral.

TEXTOS LEGISLATIVOS Y «TRANSPARENCIA»

Entre los textos legislativos que se prevén para el año próximo, se encuentran la ley de prevención y extinción de incendios, la del clima de Galicia, una ley de inclusión social y la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Galicia, además de las leyes presupuestarias, entre otras.

A preguntas de los medios sobre la comunicación pública en rueda de prensa de los decretos que aprueba la Xunta y la política de «transparencia», el mandatario autonómico defendió que «desde el primer momento» se indica que se informa de «los más relevantes» y ha reivindicado la «absoluta transparencia», aunque «el criterio de selección se pueda estar o no de acuerdo» a la hora de trasladarlos en su comparecencia pública.

POLÍGONOS AGROFORESTALES

En otro orden de cosas, la Xunta aprobó seis acuerdos de la Consellería de Medio Rural para declarar de utilidad pública y de interés social los polígonos agroforestales de Barzamedelle (Leiro), Vences (Monterrei), Solbeira (Paderne de Allariz), Pousada (Riós), Vilalén-Tomonde (Cerdedo-Cotobade) y Mandelos (Crecente) para poner en valor una superficie de 420 hectáreas.

Así, se elevan a ocho el número de polígonos de iniciativa pública declarados en la comunidad al abrigo de la ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia, tras lo de Cualedro y Oímbra, iniciados el año pasado y que se encuentran actualmente en fase de redacción de proyecto básico.