El Consello Consultivo ratifica que la Comunidad Autónoma de Galicia ya cuenta con «todas las facultades o funciones» de ordenación del litoral, incluidas aquellas sobre «la gestión de los títulos de uso y ocupación» del dominio público marítimo-terrestre, porque así lo establece el propio Estatuto de Autonomía en su artículo 27.3 y lo apoyan varias sentencias del Tribunal Constitucional.

Por tanto, según concluye el Consultivo en un informe solicitado por el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «no resulta necesario modificar dicho Estatuto» para asumir las competencias en este ámbito, tal y como exigía el Gobierno estatal para la transferencia de esta competencia, una petición que no solo mantiene el Ejecutivo autonómico, sino también la unanimidad del Parlamento gallego –PP, BNG y PSdeG–.

Y es más, el escrito, de 43 páginas, afirma contundentemente que el Estado ejerce «transitoriamente funciones que no le corresponden» con respecto a la costa, por lo que «por lealtad constitucional» debe revertir esta «situación anómala».

En concreto, se trata de un documento aprobado por la Sección de Estudios e Informes del Consello Consultivo de Galicia con fecha de este jueves, 20 de julio, que ha sido evaluado este mismo jueves por el Gobierno de la Xunta y al que ha tenido acceso Europa Press.

La consulta que elevaba el propio presidente gallego a este órgano pasaba por si era posible entender, sin necesidad de cambiar el Estatuto de Autonomía, que la competencia de ordenación del litoral que atribuye a la Administración autonómica también comprende la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre.

NO DISCUTE LA TITULARIDAD

El informe no entra a discutir la titularidad estatal de esta franja del litoral, tal y como establece el artículo 132 de la Constitución y confirmó el Tribunal Constitucional (TC) en 1991 después de que varias comunidades –entre ellas, Galicia– presentasen un recurso contra la Ley de Costas de 1988. Pero el fallo del alto tribunal sí matizó que la propiedad pública de un bien –en este caso, el litoral– no «predetermina las competencias» que sobre el mismo tienen atribuidas el Estado y las autonomías.

El Consultivo recuerda que, según el TC, es «legítimo» que la Administración General del Estado tuviese las facultades ejecutivas sobre este espacio, pero también es «una opción posible que la gestión correspondiese a las Comunidades Autónomas al amparo de sus competencias sectoriales», las cuales la Ley de Costas no puede modificar.

Más recientemente, en 2010, este tribunal veía conforme a la Constitución un artículo del Estatuto Autonomía de Cataluña de 2006 que reservaba la gestión del dominio público marítimo-terrestre a la Generalitat, incluidas las concesiones, aunque el Estado siguiese siendo su titular.

COMPETENCIAS YA COMPRENDIDAS EN EL ESTATUTO

Así, en el caso concreto de Galicia, el Consello Consultivo concluye que el artículo 27.3 de su Estatuto de Autonomía se refiere a la «ordenación del territorio y del litoral», lo que «comprende todas las facultades o funciones que naturalmente son desarrollables en relación con tal material, incluidas las facultades sobre la gestión de los títulos de uso de ocupación», así como «de las autorizaciones y concesiones previstas».

En esta línea, el órgano consultivo gallego insiste en que estas facultades «no forman parte» de las que tiene el Estado como titular, sino que ya pertenecen a la Comunidad gallega en virtud de la original y actual redacción del Estatuto de Autonomía.

Asimismo, el Consultivo considera que, para que las funciones de gestión del litotal «puedan ser efectivamente ejercidas» por la Xunta, «resulta necesario el traspaso de medios y servicios» por parte del Estado a través de alguna «norma de rango legal y/o reglamentario».

Este informe ha sido evaluado este jueves por el Gobierno gallego en su reunión semanal, tras la cual Alfonso Rueda ha comparecido para destacar que respalda algo que Galicia «lleva tiempo reclamando» para «poder ejercer competencias» que ya tiene «en el ámbito urbanístico, portuario o de control de vertidos».

El documento «reafirma las tesis de la Asesoría Jurídica de la Xunta» de que no es necesaria una reforma del Estatuto de Autonomía, ha celebrado el presidente.

ALEGACIONES AL PLAN DE PROTECCIÓN DE LA COSTA

En esta línea, el Consello también ha dado luz verde a las alegaciones de las consellerías de Mar y de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda presentadas al borrador del ‘Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa frente a los efectos del cambio climático’, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Según ha explicado Rueda, las alegaciones gallegas critican el plan por «uniformizador», porque pretende «ampliar» las competencias del Estado en detrimento de las autonomías y porque quiere «borrar la presencia humana en el litoral» para 2045. De hecho, según sus cifras, «pone en riesgo alrededor de 4.000 edificaciones», entre ellas más de 200 instalaciones empresariales.

Las reclamaciones de la Xunta se suman a las de una veintena de ayuntamientos costeros y de compañías del sector mar-industria. Asimismo, Rueda se ha quejado de que este borrador ha sido elaborado «sin contar» con la opinión de las comunidades autónomas. El plazo de presentación de alegaciones concluye este viernes, 22 de julio.

El Gobierno gallego recuerda que la Ley de Costas, tras su modificación en 2013, «ya regula» cuándo se pueden eliminar las concesiones del litoral por el cambio climático. En este contexto, la Xunta se queja de que el plan es «totalmente subjetivo», ya que la identificación como una «amenaza» y un «problema crítico» en Galicia de que existan ocupaciones en la costa está basada en la opinión «de dos funcionarios estatales».

«Cabe destacar que el análisis de la costa gallega se hizo sobre la base de preguntar a seis técnicos del Ministerio (uno de Pontevedra, dos de A Coruña y tres de Lugo) si consideraban que la presión de las ocupaciones sobre la costa era un problema. De esas seis personas consultadas, solo dos consideraron que era un problema grave», esgrime.