El informe correspondiente a 2021 presentado por la valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, ha llegado este martes a su trámite final con la presentación en el pleno de la Cámara autonómica, una exposición que abrió el debate político sanitario entre el PPdeG, que destacó los aspectos «positivos», y la oposición –BNG y PSdeG–, que ha denunciado el «incumplimiento» de las listas de espera.

El informe de actividad de 2021 recoge un aumento del 34 por ciento en el número de asuntos –al pasar de 2.912 a 3.936–, mientras que se multiplicaron por dos los expedientes –pasando de 5.387 en 2020 a 10.736 en 2021 (de los cuales 5.502 fueron presentados por mujeres)–.

Así las cosas, las actuaciones –que incluyen las quejas colectivas, la atención presencial y telefónica– ascendieron a 19.544 frente a las 12.913. La actividad también se vio incrementada en la cifra de actuaciones de oficio, que pasaron a 103 en el informe de 2021 (+16%).

En cuanto a las consellerías, la de Sanidade ha sido la que ha concentrado el mayor número de asuntos, con un 41,97 por ciento. En este sentido, la pandemia ha seguido marcando las quejas y consultas realizadas, sobre todo, vinculados al proceso de vacunación, el cual fue central los primeros meses de 2021 hasta poder inyectar las dosis a toda la población diana, especialmente a los más vulnerables.

Precisamente, la cuestión sanitaria concentró buena parte de las discrepancias. De tal manera, el diputado del BNG Daniel Castro ha advertido de que «las casualidades no existen» y «no todo es la pandemia». «Es necesario marcar un límite temporal a los pacientes, que están esperando en un limbo y tienen que ser atendidos», ha reclamado.

Castro hizo un elogio a la labor de la valedora, a la que reconoció la necesidad de poder contar con más medios, y también se refirió a la falta de personal para evaluar la dependencia o la cuestión de la vivienda pública: «Pasan los años y los informes de la valedora, y las quejas seguirán creciendo».

También la diputada socialista Noelia Otero avisó de que la Xunta no cumple con los tiempos de espera máximos y que los pacientes son «derivados al limbo» de las esperas una vez reciben la llamada de teléfono para ser operados en un centro privado, si lo rechazan y, por tanto, dejan de figurar en las estadísticas.

Otero ha reclamado a la Xunta que atienda las sugerencias de la valedoría gallega, entre las que se encuentran informar de un horizonte para las operaciones a los pacientes.

Los dos grupos de la oposición advirtieron de las agresiones lgtbifóbicas, también recogidas en el informe de la valedora. PSdeG y BNG lamentaron que en el pleno pasado no saliese adelante una proposición no de ley en la que se pedía que la Xunta se personase en los casos judiciales de este tipo, lo que Castro tildó de «vergüenza», y a lo que la diputada popular Paula Prado replicó que salió adelante una declaración institucional conjunta.

La parlamentaria popular, frente a la visión de los grupos de la oposición, destacó los aspectos «positivos» del informe de la Valedora a respecto de la Consellería de Sanidade, por ejemplo, las comunicaciones en gallego que se fueron resolviendo. Además, destacó que buena parte de las quejas se debieron al proceso de vacunación contra la covid, «no por el mal funcionamiento» de la sanidad.

Prado, por contra, destacó por ejemplo que la Diputación de Ourense fue la que menos quejas registró de las cuatro, con un total de seis, y denunció que el Ayuntamiento de Pontevedra no escuche a la institución comisionada en la rotulación de los carteles de la ciudad, unicamente en gallego.

«Hay que garantizar los derechos lingüísticos respecto a las dos lenguas», ha enfatizado Prado, quien ha aprovechó para acusar al BNG de «seguir siendo el Bloque del no por mucho que se pongan el traje de la moderación». «Son impermeables a la moderación», ha sentenciado.

REPASO DE LOS PRINCIPALES DATOS

Durante su intervención en la sesión plenaria de este martes, Fernández Galiño repasó los principales datos del informe y se ratificó en que hay que estar alerta ante «el riesgo del retroceso global» en derechos humanos.

Además, y ante sus señorías, ha mencionado a todos los colectivos más vulnerables y, entre ellos, se fijó en los mayores para advertir dos cuestiones: por un lado, la necesidad de que puedan seguir viviendo en su entorno el máximo tiempo posible; y por otro, que no sean «forzados» a usar medios digitales en gestiones habituales, ya que les provoca «inseguridad y desconfianza».

Fernández Galiño destacó la «colaboración» con A Mesa pola Normalización Lingüística, que se ha «reforzado año a año», y con las administraciones, que se «refleja en las actuaciones que se concluyen positivamente sin tener que llegar a hacer una resolución» y que se «incrementan progresivamente en cada ejercicio».

«El año 2021, como también 2020, fue un año difícil para los derechos humanos, pero las dificultades no nos deben llevar al desánimo, sino a reforzar nuestro compromiso con los derechos humanos», ha remarcado la valedora.

Por ello, ha renovado votos en su compromiso y la «necesidad» de «continuar la lucha contra los prejuicios que están en la base de la discriminación y desigualdad, siempre con este enfoque de derechos humanos que debe guiar la institución de la Valedora do Pobo, y poniendo la vista en el horizonte marcado en los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030».