El Partido Popular ha aprobado en solitario reclamar al Estado que amplíe el plazo dado a los ayuntamientos para implantar la recogida de biorresiduos a través del contenedor marrón.

La iniciativa, debatida en el pleno ordinario del Parlamento de Galicia celebrado este miércoles, ha salido adelante por los votos del grupo mayoritario y con la abstención de la oposición, que han responsabilizado a las políticas de la Xunta de las dificultades para asumir el nuevo sistema en plazo.

Así, el texto reclama al Gobierno que «rectifique» lo dispuesto en la Ley de residuos estatal y conceda una ampliación hasta diciembre de 2023 del límite dado a los municipios de más de 5.000 habitantes para implantar el sistema de recogida de biorresiduos, como marca una directiva europea.

Según la parlamentaria del PP Marisol Díaz Mouteira, «no es adminisble» que «de forma unilateral y sin razones de peso» el Gobierno decidiese «adelantar» a este verano la entrada en vigor de la obligatoriedad de disponer del contenedor marrón, al que irán a parar los bioresiduos.

Para la diputada, los 113 ayuntamientos que superan los 5.000 habitantes han sido «puestos a los pies de los caballos», por lo que ha acusado a PSOE y BNG de «no estar del lado» de las entidades locales y, por extensión, de los ciudadanos de Galicia.

En sus turnos, nacionalistas y socialistas han responsabilizado a la Administración autonómica de los problemas para implantar el sistema.

«Cuando eres adolescente y no estudias hasta el último día del examen, vas a tu madre y dices que no te ha dado tiempo. Eso es lo que le pasa a la Xunta en materia de residuos», ha espetado la diputada del PSdeG, Paloma Castro.

Por su parte, Luis Bará (BNG) puso el acento en que el culpable de los retrasos en la aplicación de la recogida de biorresiduos es el «modelo Sogama» de la Xunta, al tiempo que ha incidido en que el contenedor marrón «no es obligatorio» y existen «otras opciones» como el compostaje comunitario.

EL PP TUMBA LAS INICIATIVAS DE LA OPOSICIÓN

Esta y otra sobre el derrumbe en uno de los viaductos de la A-6 (también presentada por el PP) han sido las únicas proposiciones no de ley aprobadas en el pleno ordinario de este miércoles, en el que la mayoría absoluta del PP ha tumbado todas las iniciativas de la oposición.

Dos de ellas han estado centradas en la situación del colectivo LGTBIQ+, llevadas al Parlamento por BNG y PSdeG en la semana del Orgullo y cuando se cumple un año de la muerte del joven Samel Luiz, asesinado de una paliza en A Coruña en la madrugada del 3 de julio de 2021.

Tanto nacionalistas como socialistas han incidido en que los casos de agresiones lgtbifóbicas revelan que «no se está haciendo lo suficiente» para proteger un colectivo que ya padece «de forma estructural» una discriminación «silenciosa».

Así, Iria Carreira (BNG) y Noelia Otero (PSdeG) han alertado del incremento de los delitos de odio contra personas LGTBI, especialmente en el ámbito de Internet y las redes sociales; agresiones que «tienen ahora un altavoz» con la presencia de Vox en gobiernos e instituciones «con la connivencia del PP».

Las iniciativas defendidas por socialistas y nacionalistas –debatidas de forma conjunta– reclamaban, entre otras cuestiones, que la Xunta se personase en los procesos judiciales por casos de esta índole.

Finalmente, ambas proposiciones han sido rechazadas por el PP después de que los grupos proponientes dijesen ‘no’ a una enmienda en la que los populares planteaban solicitar al Ministerio de Igualdad el diseño de un plan de actuación «concreto» ante el aumento de delitos de odio que contemplase «medidas legislativas para su correcta tipificación y protocolos de detección y atención a las víctimas».

JUZGADOS

Además, los populares también echaron abajo una propuesta del BNG que demandaba la creación de juzgados de violencia sobre la mujer en los partidos de Ourense, Santiago y Lugo, así como otra iniciativa presentada por PSdeG y respaldada por BNG que demandaba la implantación de un sistema de guardias 24 horas en los juzgados de A Coruña y Vigo.

En la línea de los argumentos esgrimidos por la Xunta para oponerse a una medida que sí solicitan tanto TSXG como Fiscalía, la diputada popular Paula Prado ha asegurado que los juzgados de Vigo y A Coruña «funcionan de forma correcta» y el volumen de asuntos no justifica la aplicación de este sistema de guardias.