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Pontón (BNG) ve «insuficiente» la bajada del IVA para atajar la subida de la luz y pide intervención pública

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La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, considera «insuficiente» la bajada del IVA para atajar la «escalada» del precio de la luz, si bien recuerda que es una de las reclamaciones de esta formación y es favorable a ella, y propone medidas «contundentes», como la «intervención pública» del mercado para fijar precios máximos de luz y carburantes.

Además, reclama subir los impuestos a las grandes energéticas, tanto eléctricas como petroleras, que se «están forrando a base de especular», junto con una tarifa eléctrica gallega, que «compense» a Galicia por ser productora neta de electricidad.

Con la mirada puesta en Galicia, la dirigente nacionalista reclama al Gobierno del PP que «salga de su letargo» y le insta a «movilizar» 700 millones de euros para paliar los efectos de la crisis de precios, al respecto de lo que recuerda que se dejaron sin ejecutar 1000 millones.

«Hacen falta medidas estructurales como las que reclamamos desde el BNG en los últimos tiempos y seguiremos reclamando, partiendo de la base de que la energía es un bien básico, que no puede estar controlado por una presa de multinacionales que se dedican a especular», ha señalado Pontón.

Por ello, el BNG propone la «intervención» en el mercado y «fijar un tope máximo» para el precio de la luz y para el de los carburantes. «Es la única medida que realmente puede frenar la subida de precios en la energía», ha recalcado.

SUBIR A LAS ELÉCTRICAS

Junto con la intervención pública, la formación nacionalista reclama una subida de impuestos a las multinacionales, porque «es importante que se le suban los impuestos a las energéticas que tuvieron y tienen unos beneficios astronómicos». «Para que contribuyan a financiar la crisis de precios y las políticas de carácter social y de reactivación económica», ha remarcado la líder nacionalista.

Pontón ha sostenido la necesidad de «subirle la factura a esa presa de multinacionales de la energía» y «una tarifa eléctrica gallega que compense a los gallegos por ser una zona productora».

La máxima dirigente del Bloque reclama una tarifa eléctrica gallega «para compensar a Galicia con una rebaja en la factura de la luz por los costes sociales y ambientales de ser productora neta de electricidad, una tarifa diferenciada como tienen en muchos países europeos para zonas productoras.

«No inventamos nada, lo que pedimos con la tarifa eléctrica gallega es lo que se aplica en Alemania, Suiza, Países nórdicos o Gran Bretaña», ha alegado Pontón, quien pide que el PP «salga de su letargo» porque, tras meses afectados, el Ejecutivo «no tomó ni una sola medida en el ámbito de sus competencias para ayudar a quien peor lo está pasando».

MEDIDAS DE LA CIG

Por su parte, la Confederación Intersindical Galega reclama cambios «sustanciales» en la prórroga del decreto de medidas anticrisis, después de que las primeras se hayan revelado como «insuficientes» para combatir el empobrecimiento de la clase trabajadora.

En este sentido, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, ha advertido de que «cuanto más tarde en adoptar estas medidas para frenar el empobrecimiento de la clase trabajadora, más injusticia social se estará causando». Por tanto, la respuesta a la guerra «no puede ser más políticas neoliberales como las que contenía el anterior plan de respuesta económica».

Asimismo, la CIG reclama que se prioricen las políticas públicas para que los incrementos salariales y de las pensiones «garanticen el poder adquisitivo» de los salarios ante el «imparable incremento» del IPC.

Entre las medidas que propone el sindicato nacionalista, se encuentra una tarifa eléctrica gallega, fiscalidad a las grandes eléctricas, crear y poner en funcionamiento en As Pontes un centro para la competitividad y la I+D+i en el almacenamiento de energía, fijación de un precio máximo a los combustibles, congelación de las cláusulas de las rentas de alquiler en todos los conceptos durante el año 2022.

También pide incluir en todos los convenios la cláusula de revisión salarial con carácter retroactivo conforme al IPC interanual acumulado o fijar el salario mínimo interprofesional en los 1.167 euros.

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