La Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos ha dado este jueves luz verde al dictamen del proyecto de Ley de mejora de la gestión del ciclo integral del agua, paso con el que este nuevo texto legislativo queda pendiente de su aprobación definitiva en el pleno.
En la sesión, los populares han aceptado 12 enmiendas de los grupos de la oposición –BNG y PSdeG– y se han transaccionado otras 14 para un total de 80 artículos que componen este texto. Este hecho ha llevado tanto a los nacionalistas como a los socialistas a criticar la falta de voluntad de la Xunta para llegar a acuerdos sobre la norma.
En el debate, conforme ha señalado el PPdeG en un comunicado, el diputado popular José Manuel Rey, ha asegurado que esta ley ofrecerá a todos los gallegos «un nuevo instrumento público 100 por cien para dar un mejor servicio público en el ciclo integral del agua».
Asimismo, ha destacado que Galicia ya cuenta con una Ley de garantía de abastecimiento pero que ahora se quiere «dar un paso más», «única y exclusivamente para ayudar a los ayuntamientos que así lo deseen voluntariamente poniendo a su disposición un instrumento para que puedan gestionar con mayor eficacia y eficiencia el ciclo integral del agua, en lo que se refiere a abastecimiento, saneamiento y depuración».
Además, ha sostenido que la ley es fruto de la «demanda constatada» por los ayuntamientos de mayor colaboración en un tema que es de su competencia y «fruto de un intenso trabajo técnico».
CRÍTICAS DEL BNG Y DEL PSDEG
En la sesión, el diputado del BNG Luis Bará ha avanzó que su formación no apoyaría el texto al tener «grandes diferencias en la forma y en el fondo». «La principal tiene que ver con el déficit de participación», ha sostenido el parlamentario nacionalista, que ha afeado a la Xunta que «interprete» como participación los trámites a los que está obligada.
Asimismo, ha criticado que no se hiciese un esfuerzo por llegar a un pacto gallego por el agua, «un bien cada vez más escaso». «No se tiene en cuenta al municipalismo gallego, no se tuvo en cuenta el dictamen del CES, no se tiene en cuenta lo previsto en el pacto local del agua», ha censurado.
«Esta ley tiene dos objetivos principales, uno recaudatorio, por eso hablamos de sablazo del agua; y otro coercitivo, de imponer por la fuerza», ha sostenido Bará, que ha criticado también que se «laminasen» la mayor parte de las enmiendas formuladas por su grupo.
Por su parte, la diputada socialista Begoña Rodríguez Rumbo, cuyo grupo también votó en contra del informe, ha insistido en el que el proyecto de la Ley del ciclo integral del agua debería haber sido «un acuerdo de país» para proteger un bien esencial.
Sin embargo, ha lamentado que el Gobierno gallego presentase esta normativa sin llegar a consensos con los principales actores implicados en su gestión que, según ha indicado, son los ayuntamientos.
En esta línea, ha criticado que no se incorporase al texto ninguna de las alegaciones presentadas al texto por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), por las diputaciones provinciales o por los propios municipios. «Les piden que paguen, pero no les dejan tener voz», ha censurado.
OTRAS INICIATIVAS APROBADAS
Por otra parte, en la sesión ha sido aprobada una proposición no de ley defendida por el diputado popular Borja Verea por la que la Cámara insta a la Xunta a priorizar las inversiones de su estrategia para la implantación de sendas peatonales y ciclistas en el área metropolitana de Santiago y, concretamente, la vía que conecta O Milladoiro y Santiago de Compostela.
La iniciativa ha contado con los votos a favor del BNG y la abstención del PSdeG.
