El Pleno del Parlamento ha dado luz verde a la Conta Xeral de la Xunta de 2019, elaborada por el Consello de Contas, entre lo que se ha incluido una propuesta del BNG por la que se insta al Gobierno gallego a establecer sistemas de control sobre las sociedades y fundaciones públicas en las que no ostenta el control pero es el socio mayoritario.
Esta debate en el Pleno llega después de que en la comisión parlamentaria de finales de marzo el PP rechazase una batería de peticiones realizadas por la oposición de auditoría a cargo del Consello de Contas. En esa sesión, los populares vetaron la fiscalización de las contrataciones públicas adjudicadas a la empresa Eulen desde 2009, así como la elaboración de un informe sobre los convenios de publicidad y comunicación de la Xunta desde 2015.
En la sesión del Pleno de este martes, la diputada socialista Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG) ha mostrado su «disconformidad» con el hecho de que la Conta Xeral de 2019 llegue al Pleno unos dos años y medio después, lo que contrasta con que en otros parlamentos de comunidades como Asturias o Madrid ya se haya debatido el correspondiente a 2020, al tiempo que critica que en esta jornada los grupos solo cuenten con turnos de cinco minutos para su exposición.
Además, Rodríguez Rumbo censura que la Xunta «ignora» las recomendaciones de Contas y busca «desvirtuar la labor» de este organismo para que sus informes pasen «desapercibidos» por la ciudadanía. Reprocha que la Cámara «pone medallas» al Consello, «pero al mismo tiempo que condecora no dignifica su trabajo». Asimismo, ha clamado contra el «rodillo» de los populares para tumbar las propuestas de la oposición.
En esta línea, Iago Tabarés (BNG) ha reprochado a los populares que voten en contra de recomendaciones «sustancialmente idénticas» a las realizadas por Contas en la memoria de 2020, por lo que pide que «en vez de dar medallas», debería «atender a recomendaciones» de este órgano.
Carga contra el «afán privatizador» de la Xunta y la «externacionalización de servicios públicos». Pone como ejemplo que contratar a 13 trabajadores «de la empresa de la que es apoderada la hermana de Núñez Feijóo» cuesta 500.000 euros, mientras que contratrar a 206 personas con convenios públicos suponen 1,5 millones. «Es decir, contratar seguridad de la familia nos cuesta cinco veces más a los gallegos», apostilla.
Junto a esto, Tabarés también ha denunciado que la Xunta mantiene chiringuitos en los que se «favorece el trabajo de pillos o pillaje». También se ha referido al informe de Contas sobre la Diputación de Ourense en el que recoge que el 80% de los contratos de obras son «a dedo», «nepotismo en estado puro». De tal forma, se pregunta si los populares «están a favor de que continúe esta corrupción».
EJECUCIÓN DEL 95%
Por su parte, José Manuel Rey Varela (PPdeG) ha defendido que esta aprobación de la Conta Xeral «se hace en menos plazo de lo que se hacía antes». Además, ha valorado que la ejecución presupuestaria de la Xunta se encuentra en el 95%, lo que contrasta con el 68% en el caso del Ayuntamiento de Vigo y del 40% en la Diputación de A Coruña, según los datos que ha expuesto.
Además, ha resaltado que, de las 96 recomendaciones formuladas por Contas a la Xunta sobre un presupuesto de 12.000 millones, 90 fueron contestadas, de las que se aceptaron el 78% y el 60% ya están aplicadas o en proceso de aplicación.
