El Parlamento de Galicia ha aprobado este miércoles por unanimidad una Proposición No de Ley en la que se solicita a las autoridades competentes de Uruguay que tomen «todas las medidas necesarias» para garantizar la protección sanitaria de los socios de Casa de Galicia, así como aquellas que, ajustadas a derecho, garanticen la protección e integridad del patrimonio cultural, artístico e histórico de la entidad.

El objetivo, indican, es que de esta forma «permanezcan en el ámbito de la galleguidad en el país, ayudando a los socios a su adquisición o haciéndolo directamente la Administración, en caso de no ser posible otra solución».

Demandan además que tanto el Estado como la Xunta continúen con las medidas que correspondan dentro de sus competencias para «asegurar la protección socio-sanitaria de los emigrantes gallegos».

La proposición aprobada ha sido fruto de la unión de las propuestas sobre el mismo tema del BNG y el PPdeG, con el texto transaccionado, debatida y aprobada en la Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior de la Cámara gallega.

La diputada popular Raquel Arias ha manifestado que su preocupación ante la situación es doble: » por una parte, la protección sanitaria de los socios de la casa y, por otra, la protección del patrimonio y la garantía de su continuidad».

Aún con esto, ha incidido en que «a consecuencia de la calificación jurídica de la Casa de Galicia», solo el Gobierno de Uruguay es «competente para el control, desde cualquier punto de vista, de la institución».

«Eso no quita que desde la Xunta se siga muy de cerca y de forma continua la situación de la Casa de Galicia, de la misma forma que se hace con el resto de entidades de diferentes países del mundo», ha destacado.

En esta línea se ha referido a los contactos entre el secretario xeral de Emigración y el delegado de la Xunta en Uruguay desde 2016 «para llegar a una solución satisfactoria para la Casa de Galicia».

BNG Y PSDEG, CRÍTICOS CON LA ACTUACIÓN DE LA XUNTA

Por su parte, el nacionalista Daniel Castro ha criticado lo que ha denominado «parálisis» de la Secretaria Xeral de Emigración, «que se limitó a esperar hasta el último momento» y ha defendido el trabajo realizado por la portavoz de Relaciones Internacionales del BNG, Ana Miranda.

Al BNG le ha «sorprendido» además la confirmación por parte del Gobierno de Uruguay «de la negativa del Gobierno gallego a ayudar en esta difícil situación, aunque se lo han pedido».

Según ha explicado Castro, la preocupación de los nacionalistas respecto de la sociedad gira también entorno al «desmantelamiento del patrimonio, la situación socio-sanitaria de los socios gallegos con el cese ambulatorio y el traslado y derivación de pacientes a otras entidades integradas en el Sistema Nacional de Salud de Uruguay».

«A esto se suma la situación de los trabajadores y su redistribución a respecto de la antigüedad y salario, así como la garantía de la cobertura y calidad asistencial de personas usuarias, muchas de ellas mayores y en situación precaria», señalan.

Explican además que el pasado 5 de abril, «debido a la necesidad urgente de constituir una nueva asociación para salvaguardar el patrimonio», se constituyó en Montevideo el centro ‘Casa de Galicia- Centro Histórico-Cultural’. A este respecto, el BNG ha solicitado el reconocimiento de la galleguidad por parte del Gobierno gallego, «como heredera de la antigua sociedad Casa de Galicia».

Los socialistas, por su parte, han resaltado el contexto «muy negativo» en el que se está dando esta situación. «Se han incrementado las necesidades sanitarias por Covid y económicas y sociales por los sucesivos confinamientos en Latinoamérica», ha apuntado Pablo Arangüena.

Ante unas necesidades que han calificado de «ingentes», Arangüena ha censurado la decisión de la Xunta de destinar 19.000 euros a «instalar un cruceiro en Miami», demostrando «pasividad» ante el cierre de la Casa Galicia. «Esa es la realidad de la Xunta de Galicia», ha asegurado.