El exalcalde de Lugo José López Orozco pedirá una indemnización al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el «calvario» judicial que, denuncia, ha sufrido durante 11 años, y después de haber sido exonerado hasta en diez ocasiones en otras tantas investigaciones impulsadas por la magistrada Pilar de Lara, en su día titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo.

Aunque en un principio se planteaba emprender acciones contra la propia jueza, ha trasladado que sus abogados le convencieron de que «era casi imposible» ir contra ella. Pero sí que avanza que, «con toda seguridad», requerirá, ante el Consejo General del Poder Judicial, «alguna remuneración por una anómala actuación de la justicia».

«Estoy esperando que lo hagan (sus abogados) para presentar al Consejo General del Poder Judicial, con una serie de trámites que hay que hacer para que se reconozca esa anómala actuación y que se me de la cantidad que corresponda», ha confirmado para seguidamente constatar que ha gastado, en este tiempo, «mucho en abogados».

Orozco ha insistido en que ese «vía crucis judicial» padecido por él y su familia comenzó con «una denuncia falsa, de una persona de la empresa de la grúa que incluso dijo que no tenía ninguna prueba y eso está incluido en el sumario». A pesar de ello, recarca que se le siguió investigando.

A partir de ahí ha recordado se le escrutó de «arriba abajo», tanto en su vida municipal como en la personal. «En lo municipal se me emplazó a enviar todos los contratos municipales desde 2003 al juzgado y eran más de mil», ha rememorado.

Y sus cuentas personales que «fueron también revisadas». «Las de mi familia próxima, como mis hijas, como de familia remota como fue la familia de mi mujer», ha añadido. Un «striptease» patrimonial, según ha definido.

Ello, ha relatado el exalcalde de Lugo, pese a que funcionarios de Vigilancia Aduanera que habían investigado en todo su capital «afirmaron con total rotundidad que no se apreciaba aumento» alguno.