La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha pedido este miércoles al presidente de la Xunta de Galicia y candidato a liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo, que deshaga el «enredo» que dejó el todavía líder de los ‘populares’, Pablo Casado, y proceda a lo que considera una «necesidad imprescindible» para la «democracia»: la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

En declaraciones a la prensa, recogidas por Europa Press, la titular de Justicia ha sostenido que Casado «se metió en un gran embrollo al no facilitar la renovación y no cumplir con la legalidad y la Constitución». Un problema, espera, que no se repite con el que presumiblemente será su sustituto al frente de la Presidencia del Partido Popular.

En este contexto, Llop también ha pedido a Feijóo que separe de la renovación del órgano de gobierno de los jueces «lo que ha pasado» en Castilla y León, en alusión al «pacto entre la extrema derecha» y el PP. Y todo ello, ha añadido, para preservar la «imagen de independencia del poder judicial» y porque así lo ha reclamado el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.

Por otro lado, la ministra se ha referido al aumento de gasto en Defensa, una medida que no es exclusiva de España, sino que se ha propuesto «en el resto de países europeos» y de la Alianza Atlántica. «El aumentar hasta un 2% del PIB el gasto es evidente que pretende consolidar la paz y los valores democráticos del Estado de derecho», ha sostenido.

Así, y preguntada sobre las discrepancias que provoca este asunto en el seno del Gobierno, Llop ha dejado claro que el Ejecutivo «actúa unánimemente, con unidad de criterio y bajo un único liderazgo», el que ejerce el presidente Pedro Sánchez. «Otra cosa es lo que puedan decir los grupos parlamentarios, que pueden tener su opinión», ha añadido.

LA RENOVACIÓN DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Por último, Llop ha hablado sobre la renovación de la cúpula de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), un «procedimiento que requiere de un acuerdo político». «No se trata de un concurso ordinario solo de méritos», ha recordado, descartando que se trate de un nombramiento puramente meritocrático.

En este contexto, la ministra ha defendido que el Ejecutivo ha actuado con «total transparencia y en interés de la legalidad», buscando evitar que se produzcan «más retrasos en un órgano que lleva cuatro años pendiente de renovación». «Al final quien a quién se elige es la Comisión de Justicia del Congreso a través de una mayoría de tres quintos o mayoría absoluta en segunda vuelta», ha zanjado.