La Cámara gallega ha aprobado este martes una batería de medidas a través de las que ha urgido al Gobierno que aplique todos los instrumentos a su alcance para garantizar un precio eléctrico competido y estable para toda la industria electrointensiva, incluida Alu Ibérica.

La iniciativa, defendida por el viceportavoz del Grupo Popular Miguel Tellado y que ha contado con el voto a favor del BNG y la abstención de los socialistas, emplaza al Ejecutivo estatal a implicarse activamente con la Xunta y con los trabajadores de la planta de Alu Ibérica de A Coruña para encontrar una solución que permita reactivar la actividad de la mano de un socio industrial que presente un proyecto sólido y viable que de continuidad a sus empleados.

La proposición no de ley, que pide la mediación de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el proceso para evitar que el ERTE actualmente vigente en Alu Ibérica pueda terminar con recolocaciones o despidos, reclama también que, en caso de ser necesario, la SEPI lleve a cabo la intervención temporal de la planta con el fin de facilitar su posterior venta a un inversor privado que garantice un proyecto industrial viable.

El diputado popular Miguel Tellado ha sostenido que la situación de «absoluta incertidumbre» de la planta de Alu Ibérica exige la «implicación de todas las administraciones» y del Gobierno de España para garantizar el futuro de la factoría y una solución de continuidad para todos los puestos.

Así, ha abogado por un «cambio de actitud» en el Gobierno de España para que de «un paso adelante» y ponga fin al «problema» de rentabilidad que existe por «la falta de un marco estable para la industria electrointensivo». «Llegamos a esta situación como consecuencia de las malas decisiones del Gobierno de Sánchez», ha afirmado.

Enfrente, el diputado socialista Martín Seco ha criticado que los populares gallegos opten por la «confrontación» contra el Gobierno en lugar de colaborar soluciones para la industria electrointensiva y ha lamentado que la Xunta «no se diese cuenta de la situación de Alu Ibérica hace meses».

Así, en un discurso en el que ha pedido al PP que facilite la votación por puntos para apoyar aquellos en los que se reclaman acciones para Alu Ibérica, ha recordado a los populares gallegos que la Xunta tiene las competencias en materia de industria.

Además, ha destacado que el Gobierno de España trabaja en la búsqueda de soluciones a medio y largo plazo a través de las renovables y también para dar soluciones a los consumidores como las empresas electrointensivas a través de un fondo de avales público para la contratación de energía y que las empresas tengan precios más competitivos. «Deberían pensar cómo ayudar al Gobierno del Estado a abaratar el coste de la energía en lugar de seguir de la mano con Vox convirtiendo la política en fake news», ha señalado.

Por su parte, el parlamentario del BNG Ramón Fernández ha apuntado que la situación de la planta se remonta a la intención de Alcoa de cerrar estas instalaciones, un proceso en el que tanto el Gobierno central como la Xunta «actuaron de mediadores y se felicitaron» por los acuerdos de venta que, tras «dos años de incumplimientos», dejaron a los trabajadores «abandonados».

Además, ha señalado que el actual marco normativo del marcado eléctrico es de la autoría del PP bajo el Gobierno de Rajoy. «Les corresponde a ustedes el honor de haber introducido los mecanismos que provocaron el desastre», ha señalado para criticar que ahora le echen la «culpa» a un Gobierno que también «la tiene en la medida en la que mantiene lo básico de esta regulación».

«Son corresponsables de que hoy el futuro de la planta esté en manos del juzgado y del administrador concursal mientras miran para otro lado pero ninguno hace nada», ha dicho antes de defender varias propuestas a través de una enmienda como entre las que se incluya el impulso de la participación pública en el sector con la constitución de una empresa pública de energía.

«AQUÍ PREVALECE LA VOLUNTAD DEL DIPUTADO»

En la votación de la proposición no de ley, que tanto populares como nacionalistas han votado a favor mientras que el PSOE ha optado por la abstención, un diputado se ha equivocado y ha votado en contra.

Ante esta situación, el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, ha bromeado con lo sucedido en el Congreso con la reforma laboral al asegurar que en el Parlamento gallego «prevalece la voluntad» del parlamentario de forma que no sería tenido en cuenta ese voto en contra.

INICIATIVAS RECHAZADAS

En la sesión, además, han sido rechazadas varias iniciativas defendidas por el Grupo Socialista. Así, no ha salido adelante una proposición no de ley a través de la que la diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta instaba a la Xunta a que, de forma inmediata, corrija la «grave disfunción» e incluya a las corporaciones locales de Galicia y entidades dependientes o vinculadas a una administración local gallega como beneficiaros del programa de primera experiencia laboral.

La diputada socialista ha criticado que solo se fije como beneficiarias a la Xunta y a entidades que integran el sector público autonómico y ha calificado este asunto como una «discriminación a los ayuntamientos».

PASTEL CON VELAS

Durante el debate de esta iniciativa, el diputado popular Adrián Pardo ha protagonizado una anécdota al llevar a la bancada del BNG un pastel con velas con el número 18 en referencia a los años que la líder del BNG, Ana Pontón, lleva como parlamentaria en la Cámara gallega. La sesión estaba siendo dirigida en ese momento por el vicepresidente del Parlamento, Diego Calvo, quien pidió al parlamentario del PP que retirase el objeto y se lo llevase para su escaño.

Por último, tampoco ha salido adelante otra iniciativa de los socialistas a través de la que se instaba a la Xunta a incrementar el presupuesto del programa para impulsar la innovación en las pymes de la comunidad.

Además, reclamaba reforzar las políticas de transferencia de conocimiento e innovación empresarial, con especial atención a las pymes.