Los socios de Gobierno en el Congreso han celebrado este martes que se vaya a tramitar la creación de una comisión de investigación sobre los abusos en la Iglesia Católica y han señalado que otros posibles marcos para tratar este tema, como una comisión independiente de expertos –como propone el PNV– o la intervención de la Fiscalía, pueden ser complementarios al trabajo en el Parlamento. El BNG ha registrado este martes una iniciativa parlamentaria sobre los bienes inmatriculados de la Iglesia.

En la rueda de prensa previa a la Junta de Portavoces de la Cámara baja, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha reconocido que la creación de esta comisión en el Congreso «supone un hilo de esperanza» para las víctimas de los abusos y ha llamado a la necesidad de «levantar alfombras» y «derribar muros» para «reparar» a estas personas y que «no vuelva a suceder» esta situación.

En este sentido, ha calificado como «positivo» que ahora la Fiscalía se haya mostrado «favorable» a esta investigación y que hayan instituciones que se habían «mostrado inmóviles» que ahora se estén preocupando por este tema. Así, a su juicio, otras posibles vías de investigación que se abran sobre los abusos en la Iglesia son «compatibles» e, «incluso complementarias».

En cuanto al órgano que se vaya a crear en el Congreso para investigar estos sucesos, Aizpuría ha defendido como prioridad a las «víctimas» y que estas den su «testimonio» y «comparezcan». «Es lo que la sociedad y la clase política les debe», ha señalado.

«NOS DARÍA IGUAL»

«Nos daría igual en este caso», ha explicado el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, al ser preguntado por la propuesta del PNV de una comisión independiente de investigación.

Según ha explicado, lo que en este caso han de hacer los partidos políticos es impulsar una investigación que «no se quiere» hacer y se «obstruye de manera sistemática» desde otras instituciones. De este modo, ha insistido, no les importa que haya otros marcos que traten este tema puesto que, en su opinión, «lo importante es que haya justicia para las víctimas y que se investigue».

Desde el BNG, por su parte, su portavoz en el Congreso, Nestor Rego, ha señalado que la Fiscalía también debe actuar en este tema pero, a su juicio, estos abusos también se deben «investigar en el ámbito parlamentario». Rego ha criticado la «pasividad de la administración» en todo este tiempo y cree que es necesario «depurar» responsabilidades «políticas y judiciales» que hubiera.

Para la CUP, en este caso tampoco importa el escenario sino que «el marco de intervención sea la defensa de los derechos humanos», según ha explicado su diputada Mireia Vehí. A su juicio, esta investigación debe servir para el «reconocimiento» de las víctimas, su «reparación», y para «garantizar la no repetición» de estos hechos.

CIUDADANOS PIDE UN «BUEN PLAN DE TRABAJO»

Por su parte, la representante de Junts, Miriam Nogueras, ha reconocido que «todo aquello que ayude a esclarecer y ayude a las víctimas será siempre bienvenido» por su formación.

Finalmente, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha señalado como «lo importante de esta comisión» de investigación es que no sirva para «estigmatizar o demonizar» a las víctimas y, para ellos, ha señalado la necesidad de tener «un buen plan de trabajo» en el que, ha señalado, la formación naranja quiere participar.

A su juicio, se podrían «compaginar» la comparecencia de expertos con la de las víctimas, aunque ha reconocido que lo que más le importa de este nuevo organismo, además de ser «altavoz» para las personas que han sufrido los abusos, es el poder «establecer medidas legislativas para que no vuelvan a suceder».BIENES INMATRICULADOS

Por otra parte, el BNG ha registrado este martes una iniciativa parlamentaria sobre los bienes inmatriculados de la Iglesia.

En concreto, reclama al Gobierno que «estudie una por una» las más de 35.000 inmatriculaciones de la Iglesia porque, según Rego, hay «muchas más fraudulentas» que las 1.000 que ha reconocido la Conferencia Episcopal Española (CEE). A su juicio, el Ejecutivo tiene que actuar por «interés público».