La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, ha vuelto a rechazar entrar a valorar informes del Consello de Contas sobre el reparto de subvenciones por parte de la Diputación de Ourense para «no vulnerar la autonomía local».

El pasado mes de junio, también en la Comisión de Economía, Prieto ya se negó a entrar a valorar, por considerar que sería una «injerencia», un informe de Contas en el que, entre otras cuestiones, se reprueba que la Diputación de Ourense diese sin concurrencia en torno al 80% de contratos y subvenciones en 2018.

Este viernes, el diputado socialista Juan Carlos Francisco Rivera ha cargado contra el «clientelismo» y «enchufismo» por parte de la Diputación de Ourense, que realiza una «ninguneo» a la población que reside en municipios no gobernados por el PP.

Así, se ha referido tanto al informe de Contas sobre 2018 como a otro más reciente que evalúa el periodo entre 2003 y 2019 para señalar que revelan cómo la Diputación «reparte fondos públicos de un modo absolutamente arbitrario».

Al respecto, Prieto insiste en que «la Xunta no tiene ningún tipo de competencia» en la adjudicación de esas subvenciones provinciales. «No haremos valoración sobre lo que no tenemos conocimiento», zanja.

Por tal motivo, la directora xeral de Administración Local considera que no le corresponde «valorar», «opinar» ni «analizar» esa situación. «No tendría ningún sentido un intervencionismo alejado del actual sistema democrático», sostiene.

DENUNCIA DEL PSDEG

En su turno de réplica, el diputado socialista ha censurado que el «cinismo de la Xunta es demoledor en este sentido». Recuerda que el Gobierno gallego, conselleiros y el presidente Alberto Núñez Feijóo «opinan absolutamente de todo» en el Parlamento, «de la autonomía local, estatal, europea y hasta del ‘sursum corda».

A modo de ejemplo, ha dicho que, en un pleno, Feijóo realizó un «ataque furibundo» en el que «se pasaba esto de la autonomía local por el arco del triunfo». Por todo ello, tacha de «lamentable» la respuesta de la directora xeral de Administración Local.

Juan Carlos Francisco ha hablado del caso del municipio de Verín como «paradigmático» de lo que ocurre con las subvenciones de la Diputación. Explica que mientras estuvo gobernado por los populares recibía entre 700.000 y 800.000 euros al año, pero a partir de contar con regidor socialista desde 2015 «no recibe un solo euro en seis años», a pesar de ser el «más poblado» en la provincia tras la capital. Sin embargo, indica que ayuntamientos limítrofes de un millar de habitantes reciben «400.000 euros al año» por el «color político» del PP.

Por tal motivo, el socialista advierte de que el Gobierno autonómico tiene que afrontar este tipo de cuestión que «ataca la esencia misma de la democracia».

Asimismo, ha avanzado que el PSdeG «va a acudir a tribunales» con el soporte de los informes del Consello de Contas para que «se corrija esta situación».

«DESMANTELAMIENTO» DE OFICINAS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

Por otra parte, en esta comisión, la diputada del BNG Noa Presas ha preguntado a la Xunta por el «desmantelamiento» de oficinas de la Agencia Tributaria en Galicia, con una reducción de personal y deterioro en el servicio.

En respuesta, la directora de la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga), María Victoria González, ha señalado que esas oficinas dependen del Ministerio de Hacienda, por lo que no competen a la Xunta. Con todo, la Agencia Tributaria le trasladó, el pasado jueves, que «no cerró ningún» punto de información y asistencia en la comunidad gallega.

La diputada nacionalista ha tachado de «decepcionante» esta respuesta, ya que el Gobierno gallego se muestra «a veces contundente» para denunciar otras cuestiones de «agravio» del Estado hacia Galicia.

Paralelamente, María Victoria González ha avanzado que, en el mes de febrero, la Atriga pondrá en marcha en sus delegaciones el pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD) por importe de hasta los 3.000 euros a través de un TPV físico.

Según resalta, esta actuación tiene el objetivo de incrementar los medios de pago al alcance de los ciudadanos y facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus deberes tributarios.