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Casado augura éxito a la ofensiva judicial del PP por los fondos europeos y avisa que está dispuesto a llevarla a Europa

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El presidente del PP, Pablo Casado, ha augurado éxito este viernes a la ofensiva judicial que han abierto autonomías y ayuntamientos de su partido por el reparto de fondos europeos que está haciendo el Gobierno y ha avisado que su formación está dispuesto a llevar esa misma ofensiva a Europa si no hay «transparencia» y puede acabar «en corrupción».

Así se ha pronunciado en un acto en una explotación ganadera en Las Navas del Marqués (Ávila), donde ha mostrado su apoyo a las CCAA y ayuntamientos del PP que han anunciado que irán a la Justicia para denunciar el reparto «intolerable» de las ayudas europeas «en beneficio del PSOE y en perjuicio de los ciudadanos que viven en administraciones gobernadas por el PP».

Tras referirse a la polémica creada por las declaraciones del ministro Alberto Garzón sobre las macrogranjas y la peor calidad de sus productos, el líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que «la imagen de España a nivel internacional también está en entredicho por la gestión de los fondos europeos».

Dicho esto, ha recordado que el pasado 10 de noviembre él mismo hizo unas declaraciones en las que ya avanzaba que el partido no renunciaba a ir a la Justicia «para denunciar lo que estaba pasando con los fondos europeos». Según ha añadido, ya entonces avisó al Gobierno de que «o hacía una gestión de los fondos objetiva entre las administraciones públicas y no a dedo a los alcaldes y presidentes socialistas del PSOE, o iría a los tribunales». A su juicio, ese «reparto a dedo» ha sucedido.

En este punto, ha recordado que el PP hace dos años propuso la creación de una agencia independiente para el control de los fondos europeos pero «fue rechazada». «Ya sabíamos para qué», ha exclamado, para agregar que lo que buscaba el Gobierno era poder repartir ese dinero «a dedo a las empresas y a los gobiernos afines». «Es intolerable y vamos a ir hasta el final», ha advertido.

LOS RECURSOS A LA JUSTICIA «SÍ QUE PUEDEN TENER RECORRIDO»

Al ser preguntado qué recorrido pueden tener los recursos ante la Justicia de las CCAA y ayuntamientos del PP, Casado ha afirmado que «sí que puede tener recorrido porque hay ejemplos muy concretos» y se ha referido en concreto al que ha anunciado el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso.

En este punto, ha rechazado los argumentos del Gobierno asegurando que lo que impugna Madrid «no es muy relevante» y ha dicho que no se trata de «la cantidad sino de que a dedo» se decida que a unos territorios vayan unos fondos que «son de todos los españoles y a otros no».

Además, Casado ha aludido al caso de la aerolínea Plus Ultra o a los de «subvenciones para turismo solo para personas de una orientación sexual o solo de una raza determinada» que, a su juicio, está «yendo contra el libre mercado y contra la igualdad de los españoles al recibir fondos».

«Por tanto, sí puede haber un desarrollo tanto en el Constitucional como en el contencioso administrativo en el Supremo», ha dicho, para añadir que Pedro Sánchez «está a tiempo de hacer una autoridad independiente para el control de los fondos europeos». Además, cree que le iría «mejor» porque la gestión y ejecución hasta ahora «es un desastre».

«UN RIESGO DE CORRUPCIÓN»

Además, ha aludido al dinero que se da a cursos de formación y ha dicho que «eso tiene un riesgo de corrupción». «Son muchos temas los que están pasando y muchos escándalos los que está habiendo, sin que el Parlamento, las autonomías y los ayuntamientos no sepan nada porque Sánchez no está contando con nadie», ha enfatizado.

Casado ha dicho que el PP está pidiendo «transparencia» y «una gestión compartida» de los fondos. «Y si no, iremos a la Justicia e iremos a Europa porque esto acabará en malas prácticas y esperamos que no acabe otra vez como con los ERE en corrupción», ha avisado.

Finalmente, ha reiterado que él ya avisó en 2021 que si había «alguna discrecionalidad o alguna discriminación clientelar en el reparto» acudirían a la Justicia. Y ha criticado el real decreto que presentó el Gobierno y que «aprobó con Vox» en el Congreso para «quitar todos los trámites burocráticos» pero que, según ha dicho, el PP considera que eran trámites «de garantía, honestidad y transparencia para la ejecución de fondos».

«Pensábamos que si no se tramitaba como proyecto de ley, era inconstitucional y lo anunciamos. En el caso de las autonomías, como hay un conflicto de competencias, el órgano que lo tiene que decir es el Tribunal Supremo en la jurisdicción contencioso administrativa», ha explicado a los periodistas.

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