El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, tendrá que comparecer el próximo 28 de diciembre en calidad de investigado ante el juez de Instrucción número 2 de Ourense a raíz de la querella por supuesta malversación de caudales públicos.

La investigación partió de una denuncia anónima a partir de la cual se investigó la gestión de casi 100.000 euros de Democracia Ourensana, y en concreto tomó como referencia dos cheques de 20.000 y 30.000 euros retirados a nombre de Pérez Jácome, cheques que el regidor tendrá que explicar si fueron a parar a gastos de la formación o no.

Además, el Ministerio Público analiza pagos del grupo municipal supuestamente destinados a sufragar la licencia del espacio televisión de Auria TV, la televisión propiedad del alcalde.

Con todo, los hechos que se investigan se habrían producido entre los años 2015 y 2018 cuando el actual regidor municipal todavía era concejal de la oposición en la corporación municipal.

«PREOCUPACIÓN CERO»

La noticia de que la Fiscalía había presentado una querella contra el regidor municipal por estos hechos se conoció a finales del mes de octubre y en aquel momento Jácome no quiso hacer declaraciones a los medios, pero sí expuso su opinión sobre las diligencias judiciales a través de sus redes sociales asegurando tener «preocupación cero» ante una denuncia que consideraba «sin base» y que «como las anteriores» preveía que «quedaría en nada».

«Confianza ciega en que la justicia ponga otra vez las cosas en su sitio. Seguimos luchando por transformar la ciudad», zanjaba el alcalde de Ourense.

Ahora, Gonzalo Pérez Jácome, ha vuelto a emplear el mismo medio para trasladar su opinión sobre la citación.

«ESPERO QUE MI DECLARACIÓN NO LA TOMEN COMO UNA INOCENTADA»

Mediante su perfil de Twitter ha escrito: «¿Me citan al juzgado el 28 de diciembre? Espero que mi declaración no la tomen como una inocentada». Ha finalizado su mensaje con el emoticono de un guiño.

La gestión de los fondos de Democracia Ourensana por parte de su líder fue el detonante que impulsó la salida de cuatro de los siete ediles que formaban el partido al principio del mandato y que ahora están como no adscritos.

Además, la salida de los cuatro ediles también dio paso a la salida del Partido Popular, que sí ha regresado al gobierno local y cuando se conocía la querella apelaba a la presunción de inocencia.

«Que se deje trabajar a la justicia», han exigido, alegando que no entraban a valorar «un asunto del alcalde y de su partido político toda vez que son hechos que nada tiene que ver con la acción del actual gobierno municipal porque sucedieron entre 2015 y 2018».