La Xunta de Galicia ha lamentado que las diputaciones de A Coruña, Pontevedra y Lugo rechazasen su propuesta de convenio de los Grupos de Emergencias Supramunicipales (GES) para «mejorar la prestación de los servicios de emergencias y completar el mapa» que cubre el territorio gallego.
En concreto, en una reunión de la Comisión de Seguimiento de los GES celebrada miércoles, los representantes de los tres organismos provinciales se opusieron a la propuesta y abandonaron el encuentro, conforme señala el Ejecutivo autonómico.
Al respecto, las tres instituciones provinciales remitieron un comunicado a los medios en el que advirtieron al Gobierno gallego que el nuevo convenio regulador debía ser negociado y aceptado «por todas las partes» y no «impuesto unilateralmente» por la Xunta.
Sobre este asunto, en otra nota de prensa, el Gobierno gallego señala que, entre otras medidas, apostaba por aumentar el personal para que todos los GES tengan 12 efectivos, equiparar el coste de cuatro servicios municipales de emergencias de la comunidad al resto de GES, actualizar el coste salarial de los grupos y crear un subGES con seis efectivos en O Grove.
Además, ha informado de que en el encuentro, en el que participaron la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, y el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, tanto la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) como la Diputación de Ourense votaron a favor de la propuesta.
APLICACIÓN INDIVIDUAL
Por tanto, la Xunta sostiene que las mejoras previstas para renovar el convenio de 2018 que vence este año, y que se renovaba de forma conjunta desde la puesta en marcha de los GES en 2013, tendrá que hacerse de forma individual aplicando las mejoras de la propuesta en los 12 GES de la provincia ourensana.
En las otras tres provincias, apunta, no se llegó a ningún acuerdo ya que las diputaciones abandonaron la reunión lo que, según señala, «pone en cuestión la continuidad de la financiación de los GES actuales e impide la creación de un subGES previsto para O Grove». Además, considera que «supone un paso atrás para avanzar en completar y mejorar el mapa de las emergencias de Galicia», optimizando la cobertura y los tiempos de respuesta en toda la Comunidad.
La Xunta recuerda que la atención a las emergencias es una competencia de carácter local, que corresponde a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales en los municipios de menos población.
También subraya que mantiene su compromiso para colaborar en su funcionamiento desde la puesta en marcha de estos grupos en colaboración con las diputaciones y la Fegamp. Además, destaca que asume más de la mitad del coste anual de estos grupos y lleva invertidos más de 40 millones de euros en su mantenimiento y los otros 7 millones para dotarlos del equipamiento necesario para llevar a cabo sus intervenciones conseguridad.
CRÍTICAS DE LAS DIPUTACIONES
Por su parte, las diputaciones de A Coruña, Pontevedra y Lugo advirtieron a la Xunta que el nuevo convenio regulador de los Grupos de Emerxencias Supramunicipais debe ser negociado y aceptado «por todas las partes» y no «impuesto unilateralmente» por el Gobierno gallego.
En un comunicado conjunto, insistieron en que el reparto económico no debe suponer «nuevos incrementos para las diputaciones», que ya duplicaron sus aportaciones en el periodo de 2019 a 2021 pasando del 20 al 40 por ciento del coste total, mientras la Xunta lo bajó del 60 al 52,5 por ciento.
Por ello, demandaron al Gobierno gallego que «asuma las necesidades de mayor financiación», recuerdan que se trata de un servicio «incluido en el marco de sus competencias» y rechazan que utilice el Fondo de Cooperación Local «para alimentar sus aportaciones».
