El PP ha rechazado las tres mociones presentada por la oposición en el pleno de este martes del Parlamento gallego, las cuales demandaban el impulso a la vivienda pública, la protección de patrimonio cultural, al tiempo que se pedían las sanciones máximas por agresiones a ríos como el vaciado de embalses.

En una de estas cuestiones, la diputada del BNG Alexandra Fernández ha reclamado implementar medidas ante el «colapso» existentes en el registro de demandantes de vivienda pública, con más de 15.000 personas inscritas. Denuncia que el PPdeG «recortó 1.700 millones en vivienda» desde 2009, por lo que ve necesario «cambiar el rumbo» en las políticas.

Así, lamenta que «nunca tanta vivienda hubo», pero «nunca tantas dificultades para acceder a ella». Señala que en las últimas décadas se construyeron 580.000 nuevas viviendas en Galicia mientras la población bajaba en 100.000 personas, pero hoy en día solo un 15% de los jóvenes puede emanciparse.

En este sentido, sostiene que la etapa de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta ha sido «terrible» en materia de vivienda, la cual se ha convertido en «un bien de difícil acceso para personas precarias», lo que «genera exclusión social».

En esta línea, Noelia Otero (PSdeG) ha advertido de que los 15.000 demandantes de vivienda inscritos en el registro del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) supone la «cifra más elevada en la última década», al tiempo que continúan los «recortes» en los presupuestos, con una inversión «muy por debajo» de la del bipartito.

En cambio, Begoña Freire (PPdG) ha replicado que el «relato» de la oposición no es «adecuado a la realidad», pues niega que existan recortes y «no hay ninguna situación de colapso» en el registro de demandantes de vivienda.

Igualmente, la diputada popular ha puesto en valor apoyos como 34 millones para más de 17.500 ayudas al alquiler en los últimos años, unido a que el presupuesto del IGVS crece un 28,6% para 2022.

PATRIMONIO CULTURAL

Por otra parte, Noa Díaz (PSdeG) ha defendido una iniciativa que busca crear una comisión de patrimonio, así como que la Xunta siga las recomendaciones del Consello da Cultura para la elaboración de un plan autonómico con dotación presupuestaria de preservación del patrimonio cultural.

La diputada socialisa recrimina la falta de atención en la última década por parte del Gobierno gallego a la riqueza arquitectónica, como la situación de inmuebles como pazos «ruinosos» o el apoyo «irrelevante» a excavaciones arqueológicas. Díaz se ha valido de una expresión de la última obra teatral de Chévere (‘N.E.V.E.R.M.O.R.E.’)para acusar a los populares de ser «depredadores del pasado histórico y cultural».

Y es que denuncia que la Xunta «adolece de estrategia» ante la situación de patrimonio «abandonado», por lo que pide una redefinición de sus políticas.

Aquí, Mercedes Queixas (BNG), cuyo grupo ha apoyado la iniciativa, ha hecho referencia a un diagnóstico del Consello da Cultura para reprochar que «no hay una política integral ni activa» para la atención al patrimonio gallego, con «pocos recursos». A esto se une un desarrollo «escaso e insuficiente» de la ley de patrimonio cultural.

En contraposición, José Luis Ferro (PP) ha justificado la negativa de su grupo en que, «sin ser soberbio», existen más «aciertos que fracasos» por parte de la Xunta en esta materia. «No somos ningunos depredadores del pasado», defiende.

Ferro considera «totalmente falso e injusto» decir que la Xunta no tenga política de cuidado del patrimonio, pues, si bien es «siempre» un trabajo «inacabado», «la realidad que describen en esta Cámara es bien distinta a la que los ciudadanos se encuentran».

EMBALSES

Mientras, Pablo Arangüena (PSdeG) ha demandado a la Xunta que imponga las sanciones «más elevadas» que proceda ante agresiones a ríos y ecosistemas fluviales, como pueda ser el vaciado de embalses.

Junto a esto, ha cargado contra el «nivel de falsedad» y «cinismo insoportable» de Núñez Feijóo y la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, respecto al vaciado de embalses gallegos, en una actuación que «roza la prevaricación».

Arangüena también avisa de que si la Xunta ya inició expedientes sancionadores por 25.000 euros a cada una de las eléctricas –con base en la ley de pesca–, no podrá imponer 2 millones de euros –con base en la ley de patrimonio natural– en multas, dado que «no pueden sancionarse por los mismo hechos dos veces», lo que observa como un «ejemplo de máxima incompetencia» del Gobierno gallego.

En esta línea, Luís Bará (BNG) ha cargado contra la «incompetencia» de la Xunta para resolver «grandes» problemas en los ríos gallegos. También afea que el PP vetase una comisión parlamentaria en Galicia sobre lo sucedido en los embalses, ya que se pregunta que «si hicieron todo bien, qué problema tienen en que se conozca».

Marisol Díaz (PPdeG) ha respondido a Arangüena que el «cinismo insoportable es el suyo», puesto que «esta cuestión ya no tiene más recorrido». Responsabiliza al presidente del Confederación Miño-Sil, José Quiroga, del «salvaje vaciado», mientras defiende que la Xunta «actuó de forma rápida, contundente, e integral».