El Congreso constituirá este miércoles en el seno de la Comisión Constitucional la subcomisión encargada de estudiar posibles cambios en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), entre ellos el voto del exterior o la rebaja de la mayoría de edad.

Este órgano nacerá seis meses después de que el Pleno acordara su creación en una votación en la que no hubo votos en contra y sólo se registraron nueve abstenciones.

El PSOE y Unidas Podemos ya llevaron a la Cámara Baja una proposición de ley para eliminar el requisito que desde 2010 se exigen a los residentes españoles en el exterior para poder votar en las elecciones, también conocido como voto rogado.

Y a principios de este año impulsaron además la creación de esta subcomisión para que analice posibles modificaciones de la legislación electoral más allá de la reforma para suprimir el voto rogado, que se encuentra tramitándose en el Congreso.

CONTINUARÁ LOS TRABAJOS DE HACE DOS LEGISLATURAS

La idea es que esta subcomisión continúe el trabajo de análisis iniciado hace dos legislaturas y que fue interrumpido por la convocatoria de las elecciones de abril de 2019.

En concreto, este foro debatirá algunas reformas electorales que son perentorias, como la de regular la moción de censura en los ayuntamientos con el objetivo de garantizar la estabilidad municipal y evitar el fenómeno del transfuguismo.

Pero también otras para regular los debates electorales, garantizar el ejercicio de sufragio sin menoscabar el derecho a la protección de la salud, instaurar las listas cremallera, mejorar la proporcionalidad del sistema electoral o abrir el debate sobre la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio activo y pasivo a jóvenes de 16 y 17 años.

ACUERDO DE GOBIERNO

Las tres últimas vienen recogidas expresamente en el acuerdo de Gobierno suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos, y, singularmente, la relativa a la rebaja de la edad de voto es una ‘vieja’ reivindicación de ERC.

De hecho, ésta fue la primera iniciativa que la formación independentista registró tanto en el Congreso como en el Senado al inicio de la presente legislatura. En el Senado, donde debatió el pasado octubre, la propuesta se rechazó con el voto, entre otros, del PSOE, que acusó a los independentistas catalanes de haber presentado esta propuesta a las puertas de las elecciones catalanas.