El BNG ha registrado iniciativas en el Parlamento de Galicia y en el Congreso para solicitar no solo el «rescate» de la concesión de la AP-9, actualmente en manos de Audasa, sino también «que se repruebe» la decisión de los gobiernos del socialista Felipe González y del popular José María Aznar de prorrogar dicha concesión en los años 1994 y 2000, respectivamente.

Así lo ha avanzado este viernes la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien ha comparecido junto al diputado autonómico Luís Bará en una rueda de prensa en la que ha insistido en la «ilegalidad» de ambas extensiones.

Y es que la semana pasada la Comisión Europea decidió emprender acciones legales por considerar que la prórroga acordada por el Ejecutivo de Aznar hasta 2048 podía vulnerar el derecho comunitario. No obstante, el Bloque insiste en que hay que anular ambas ampliaciones y «rescatar la AP-9» para que quede «libre de peajes».

Este paso adelante de las instituciones europeas, a juicio de Pontón, abre una «puerta clarísima» a la supresión de la concesión, una dirección hacia la que «la Xunta y el Gobierno central deben caminar juntas». «Es una cuestión clave de país para frenar el agravio que ha significado la AP-9 para Galicia», ha agregado.

La portavoz nacional del BNG ha insistido en que la Autopista del Atlántico está ya «requeteamortizada» después de años de «beneficios multimillonarios» percibidos por Audasa. En total, ha cifrado en 1.091 millones de euros el montante pagado «en peajes ilegales».

Además, Ana Pontón ha recordado que las infraestructuras construidas «en la misma época» ya no tienen peajes «o están a punto de dejar de tenerlos», por lo que la gratuidad y el rescate de la AP-9 «no solo es justo, sino que es posible».

«Se debe una disculpa a los gallegos por unos peajes que no solo eran una discriminación, sino que también constituían una ilegalidad», ha sentenciado la líder nacionalista.

Las iniciativas registradas por el BNG en el Parlamento autonómico se suman a las ya avanzadas el pasado viernes por el diputado en el Congreso, Néstor Rego, quien llevará esta cuestión a las Cortes Generales.

«ESTAFA PERMANENTE»

Por su parte, el diputado Luís Bará ha recalcado en el «agravio» y «estafa permanente» que supone la concesión y el cobro por el uso de la autopista, una historia que comenzó con la primera ampliación en 1994 y continuó con la segunda del año 2000.

A esto ha añadido la «privatización» de Aznar en el 2003, cuando –ha recordado– Alberto Núñez Feijóo era el vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Política Territorial, más los «regalos fiscales» concedidos durante la etapa de este mismo presidente del Gobierno y posteriores convenios que dieron pie a «incrementos abusivos» de los peajes.

«Todo esto lo que pone de manifiesto es que hay una gran operación de Estado de un auténtico cambalache en el que participan los grandes poderes del Estado con los dos grandes partidos del Estado para favorecer al enriquecimiento de la concesionaria a cuenta de los intereses de nuestro país», ha denunciado Bará.

No en vano, el diputado nacionalista ha acusado a Feijóo de ser «cómplice» y de tener «absoluta connivencia» en toda esta historia, toda vez que «no denunció la situación ilegal» de la autopista a pesar de contar con un informe del Consello Consultivo –solicitado por la propia Xunta y emitido en 2020– que declaraba nulos de pleno derecho las subidas de los peajes.

«El único cambio de la historia de este agravio tuvo que ver con la intervención del BNG, poniendo encima de la mesa la transferencia (de la titularidad) y consiguiendo una rebaja histórica», ha reivindicado Bará.