El viceportavoz del grupo socialista, Pablo Arangüena, ha criticado el «cinismo insoportable» que demuestra la Xunta de Galicia cuando «trata de derivar sus responsabilidades hacia el Gobierno central» respecto del vaciado de los embalses gallegos y, además, ha advertido al Ejecutivo autonómico de que «podría estar cometiendo un acto de prevaricación por omisión», puesto que «conocían su obligación legal y no hicieron nada; sólo echar balones fuera».

Arangüena ha comparecido este viernes en la Comisión 7º de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes para inquirir al Gobierno gallego sobre el vaciado de los embalses de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, donde ha asegurado que «la Comunidad tiene competencias en cuanto a la protección del Medio Ambiente y el paisaje, respetando la legislación básica estatal».

El socialista ha recordado que la Xunta cuenta con «hasta tres leyes y un reglamento con otros tantos regímenes sancionadores» y ha incidido además en que la CHMS «informó» de su intención de vaciar los embalses, concretamente el 10 y 12 de julio, por lo que «Feijóo mintió una vez más».

«Ustedes parecen interpretar que los correos electrónicos –del 10 y 12 de julio– no son una comunicación, ni tampoco el aviso al 112, que depende del vicepresidente Rueda, ni el balance semanal de la Confederación», ha asegurado Arangüena.

Con todo, el viceportavoz del PSdeG ha afirmado que «la comunicación no es un requisito para que la Xunta establezca medidas, que deberían establecer de oficio sin depender de una comunicación». «No son medidas de procedimiento a instancia de un particular, sino de protección de un bien público que requiere actuar de oficio», ha aseverado.

NORMALIDAD EN LOS EMBALSES AUTONÓMICOS

A este respecto, la secretaria xeral técnica de Medio Ambiente, María del Carmen Bouso Montero –que ha comparecido para contestar a las cuestiones planteadas por los socialistas–, ha criticado que el viceportavoz considere que «las concesionarias lo han hecho todo bien, cuando la propia ministra tachó las actuaciones de escandalosas».

«Estoy atónita ante la normativa que manejó el grupo socialista, porque la que he visto yo dice todo lo contrario», ha señalado Bouso Montero, que ha indicado que «la Confederación podrá condicionar o limitar el uso del dominio público», entre otros artículos. «Es insólito que un diputado del Parlamento de Galicia haga todos estos argumentarios para proteger al presidente de la Confederación que ignoró todas las herramientas legislativas que tenía encima de la mesa», ha lamentado.

Además, la secretaria xeral ha subrayado que en los embalses de competencia gallega, la situación fue de «normalidad; no hubo ningún embalse que llegase a vaciados escandolosos», con «la misma normativa y las mismas leyes concesionarias», ha recalcado Bouso.

POLÉMICA POR EL ART.83

«Insinúan que hay connivencia con las eléctricas», ha afeado Arangüena, para indicar a continuación que «esta semana el Gobierno español ha puesto encima de la mesa una serie de medidas más restrictivas con las eléctricas de la historia».

«¿De qué tipo de connivencia hablan, de la del presidente de Iberdrola?, reconocido amigo de Núñez Feijóo?», ha comentado el socialista, que ha querido saber además por qué la Xunta usa la Ley de Pesca para las sanciones, con un límite de hasta 25.000 euros –«unas sanciones reducidas este año en un 92%, de los 300.000 a los 25.000 euros»–, y no la de Patrimonio, con la que se pueden imponer hasta dos millones de euros.

El socialista ha apelado al artículo 83, que regula la explotación de las masas de agua, dentro del Reglamento de ordenación de pesca fluvial y ha defendido que «la legislación autonómica vigente les exige tomar ciertas medidas».

La secretaria xeral ha criticado la interpretación realizada por Arangüena del mencionado artículo, que ha tachado de «torticera». «No se pueden retorcer los textos así, pues no dice que las concesionarias tengan que pedir autorización», ha recalcado Bouso.

«Las concesionarias deberán comunicar el vaciado al órgano competente en materia de aprovechamientos hidráulicos, la CHMS, que tiene que examinar la situación, convocar una comisión e invocar el artículo 155. Si finalmente se autoriza, debe emitir una notificación formal a la Consellería competente. Eso fue lo que se hizo siempre, menos este año que la CHMS mandó un fax a ‘no sé dónde’…», ha explicado la secretaria.

Además, y recurriendo a una sentencia del Tribunal Constitucional para un caso similar en la Comunidad Foral de Navarra, Bouso ha asegurado que «exigir autorización autonómica» implica entrometerse en las competencias de un organismo estatal, algo, por tanto, «inconstitucional».