El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha registrado iniciativas en la cámara baja para instar al Gobierno central a impulsar una nueva regulación para «poner fin» al proceso de concentración bancaria y al cierre de oficinas registrado en los municipios situados en zonas rurales.

Rego, que estuvo acompañado del alcalde de Zas, Manuel Muíño, reclama una nueva normativa que «evite la continua escalada de abusos bancarios» y la «restricción de servicios», además de atajar el incremento de comisiones o la reducción de personal de caja en las oficinas que todavía siguen abiertas.

En este sentido, ha atribuido el proceso «acelerado» de concentración bancaria en el afán de lograr mayores beneficios «de lo que hoy son empresa privadas», a costa de tumbar el sistema de cajas «que fue bancarizado y privatizado».

Los datos del BNG apuntan al cierre de «más de 100 oficinas bancarias» en Galicia en los últimos cinco años, especialmente en zonas rurales, como es el caso de municipios como Zas, Vimianzo y A Baña este último mes.

«Se están movilizando para reclamar el mantenimiento de este servicio, por ser de primera necesidad», ha insistido, para lamentar que la irrupción de la pandemia sanitaria se utilizase de «coartada» para avanzar todavía más en el proceso de oligopolización bancaria, incrementar comisiones y cambiar condiciones de cuentas y productos.

Asimismo, se cerraron oficinas en lugar de ampliar personal, llegando a pactar horarios de caja para obligar a los usuarios a acudir a primera hora de la mañana. Unos cierres que se registran, además, en zonas «muy envejecidas» y que «tienen muchas dificultades» para desplazares a otros municipios para acceder a estos servicios.

«Ni el Gobierno gallego puede ser ajeno a esta situación ni el Gobierno español, que tiene las competencias en la regulación del sistema bancario», zanjó Rego.

FALTA DE RESPUESTA

Por su parte, el regidor de Zas ha lamentado la ausencia de respuesta de la Xunta a las demandas de los municipios afectados, para advertir de que esta situación supone «excluir de unos servicios imprescindibles a un porcentaje elevado de población».

Por todo ello, ha advertido de que continuarán las movilizaciones hasta frenar el proceso de cierre de oficinas y ha reclamado a las administraciones que tomen partido para evitar el cierre de sucursales.