El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, asegura que «cada semana que cierra una oficina bancaria en un ayuntamiento del rural es una semana en la que Feijóo apuñala los derechos de los gallegos que viven en el rural, les quita igualdad de oportunidades y genera una exclusión financiera para todos ellos».

Así se ha expresado este lunes en rueda de prensa conjunta con alcaldes de municipios afectados por la clausura de oficinas de Abanca, en una semana en la que el PSdeG lleva al pleno del Parlamento una iniciativa en contra de estos cierres.

A este respecto, Caballero critica que «Feijóo dice que apuesta por la oficina del rural», por lo que «no puede permitir el Gobierno de la Xunta de Galicia que estén cerrando docenas de oficinas bancarias en municipios pequeños de Galicia». «Es un retroceso que no podemos permitir», avisa.

De tal forma, pide al Gobierno gallego «una discriminación positiva» para el rural. Demanda una carta de servicios básicos para los ciudadanos con independencia de donde vivan.

Preguntado por su opinión acerca de que la Xunta subvencione con cerca de tres millones de euros a Abanca para poner cajeros mientras la entidad financiera cierra oficinas en el rural, Gonzalo Caballero ha respondido que «lo que Feijóo tiene que hacer es garantizar que no se cierren oficinas bancarias», de forma que «el sistema de cajeros no puede ser una excusa» para permitir la clausura de sucursales.

A este respecto, sostiene que «Feijóo abandonó el rural». «Nosotros no podemos ser cómplices de una estrategia de cerrar oficinas para sustituirlas por cajeros, eso tiene que ser algo que rectifique el Gobierno de la Xunta de Galicia».

El líder de los socialistas arremete contra «la escalada de escapismo» de Feijóo, que «siempre echa balones fuera». Apunta que la Xunta tiene 1.100 millones extraordinarios este año, por lo que «si tanto dinero tiene, tiene que ser quien de tomar medidas para evitar la desigualdad de oportunidad y la exclusión financiera de miles de gallegos».

LOS ALCALDES EXPONEN LA PROBLEMÁTICA

En este encuentro, varios alcaldes socialistas han relatado en el Parlamento los problemas que acarrea para sus vecinos el cierre de oficinas bancarias.

El alcalde A Baña (A Coruña), José Antonio Pereira, ha tachado de «atentado» al rural que Abanca deje sin servicios bancarios a sus vecinos, lo que afecta especialmente a un millar de mayores de 60 años que no tiene acceso a nuevas tecnologías, quienes se ven obligados a incurrir en gastos para desplazarse con el pago de taxis.

La regidora de Vimianzo, Mónica Rodríguez, se ha quejado del cierre de la sucursal de la parroquia de Baíñas, lo que también afecta a municipios limítrofes como Dumbría y Zas.

A esto se suma que el despliegue de fibra «no está al 100%», por lo que no es posible poder emplear la banca electrónica, además que la única oficina que quedará en todo el municipio sufre gran «congestión» y solo atiende al público durante dos horas.

A renglón seguido, el alcalde de Dumbría, Jóse Manuel Pequeño, ha narrado los perjuicios de que cerrase hace más de un año el único banco que había abierto, lo que obliga a desplazarse a Cee y Vimianzo. Reprocha que Abanca «no tiene escrúpulos».

Además, Pequeño considera que «es el colmo» que después de que Abanca cerrase una oficina en un edificio que es propiedad del banco, ahora el Ayuntamiento tenga que ofrecer oficinas municipales para instalar un cajero y ser el encargado de facilitar la conexión y luz.

Asimismo, la alcaldesa de Forcarei, Verónica Pichel, ha demandado que Abanca «debería reconsiderar su decisión», al tiempo que requiere a la Xunta «intervenir y frenar estas pérdidas de servicios».

PP: ES UNA «SOLUCIÓN PRÁCTICA»

Por su parte, al ser preguntado al respecto en rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha reconocido que «a veces es complicado de explicar» una subvención a una entidad privada, como es el caso de los casi 3 millones de euros que recibirá Abanca para instalar cajeros en el rural.

No obstante, ha justificado que es una «solución práctica» que se lleva a cabo «de acuerdo con la Fegamp» y que también hacen «administraciones de distintos colores políticos», entre las que ha mencionado la Generalitat. Además, ha apuntado que incluso ayuntamientos del BNG y del PSOE «suscribieron el protocolo de colaboración» con la Xunta para mantener estos servicios.

Tal y como ha subrayado Puy, existe el riesgo de que unas 55.000 personas en el rural que «si no se hace algo, se van a quedar sin ningún tipo de asistencia financiera, sin cajeros, sin ninguna oficina». Por eso, considera que la Administración autonómica optó por una «salida práctica» a este problema.

Preguntado sobre si estos incentivos públicos no facilitan, precisamente, el cierre de las sucursales en zonas despobladas, el portavoz popular ha respondido que «es al revés». «Cuando se cierra las oficinas es cuando se plantea esto», ha agregado.

Es más, ha explicado que es una cuestión «que pasa en toda Europa» por circunstancias como el avance de la banca electrónica. Pero también se ha referido al propio sistema y cómo el Banco Central Europeo está «ayudando a los países a comprar deuda y a mantener los tipos de juro bajos».

Esto, según Puy, provoca que las entidades tengan que «sustituir el negocio de los préstamos» a través de comisiones «en cuestiones que antes no se cobraban» y con la «reducción de costes», por ejemplo con el cierre de oficinas que no son rentables.

«Entiendo sus posiciones, pero constato que con independencia del color político, tanto en Galicia como fuera, la solución práctica consiste en subvencionar a entidades financieras a las que no les resulta rentable tener servicios financieros en determinados lugares», ha aseverado, aunque también ha hecho una llamada a la «responsabilidad social» de los bancos.

Asimismo, el portavoz del PPdeG ha aprovechado para señalar que la actuación de la Xunta también «va encaminada a que desde el Gobierno central y el Banco de España se adopten soluciones», ya que la legislación del sistema financiero «es estatal».

En lo tocante al acuerdo de la Fegamp, Gonzalo Caballero ha señalado que «lo que plantea es que se mantengan servicios financieros análogos a los que han existido en estos ayuntamientos en los últimos tiempos», por lo que emplaza al PP a «no amarrarse a un acuerdo con la Fegamp para, al final, buscar que se cierren las oficinas sustituyéndolas por cajeros».

PONTÓN: «DEMUESTRA LA SUMISIÓN DE FEIJÓO A LOS PODERES ECONÓMICOS»

A preguntas de la prensa, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reprobado que es «una auténtica burla a la ciudadanía que haya entidades bancarias que fueron rescatadas con más de 9.000 millones de euros, que están cerrando servicios en el rural; y que a cambio lo que haga el señor Feijóo es darles tres millones de euros para que abran cajeros».

«Esto demuestra la sumisión del señor Feijóo a los grandes poderes económicos y a la defensa de los intereses de una empresa en vez de estar defendiendo los intereses de los gallegos», recrimina.