El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reclamado la implantación de «un marco normativo» a nivel estatal que regule la presencia de cajeros en zonas rurales, después de que en los últimos días varios ayuntamientos, entre ellos el de Campo Lameiro (Pontevedra), iniciasen protestas contra la marcha de estos servicios.

En una entrevista concedida este domingo a Radio Nacional y recogida por Europa Press, el ‘número dos’ del Gobierno gallego ha sugerido una legislación común en la materia y ha alegado que este problema se da «en toda España». «Incluso en otras comunidades con mayor intensidad», ha afirmado.

Pero también ha trasladado esa responsabilidad a los bancos: «No pueden desaparecer de un día para otro. Entendemos las dinámicas de mercado, pero también las entidades tienen que entender que no pueden dejar de ‘un plumazo’ y por una decisión empresarial ningún servicio financiero a los territorios».

En cualquier caso, ha valorado que la Xunta llegó a «acuerdos con casi 40 ayuntamientos» para instalar cajeros y ha avalado soluciones como servicios móviles de las entidades para ofrecer este tipo de servicios.

PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS

Por otra parte, Rueda ha manifestado la voluntad del Ejecutivo gallego de tener aprobados los presupuestos de la Comunidad para que entren en vigor el 1 de enero. «Nos ponemos a trabajar en eso ahora. (…) Ahora tienen que ser los presupuestos de la pospandemia y también los de la recuperación», ha explicado.

Para ello, ha puesto el foco en los fondos europeos, que pueden «echar una mano muy grande», por lo que ha pedido «concreciones y agilidad» sobre su reparto al Gobierno central. Así, se ha dirigido al presidente, Pedro Sánchez para reclamar que ejerza su «responsabilidad cuanto antes», porque «van avanzando los meses y se sabe muy poco de cuáles son las condiciones y los requisitos».

«La verdad es que a estas alturas hay bastantes inconcreciones que espero que se solventen cuanto antes, porque no queremos luchas políticas con los fondos europeos en la Xunta. Queremos que se puedan utilizar cuanto antes y bien y con perspectivas de futuro», ha recalcado el vicepresidente.

ENCE

En cuanto a la crisis que sobrevuela la biofábrica de Ence en Pontevedra, después de que la Audiencia Nacional tumbase la prórroga de la concesión de los terrenos de Lourizán, Rueda ha asegurado que la Xunta defiende «que siga donde está» con aquellos cambios jurídicos que «sea necesario».

En este sentido, Rueda ha culpado directamente al Ayuntamiento de Pontevedra –una de las partes que recurrió la prórroga otorgada en 2016 por el Gobierno de Mariano Rajoy– y ha señalado que «lo que no se puede es crear un problema y no tener una solución para las consecuencias que provoca ese problema».

Así, sobre la posibilidad de que la pastera se traslade a otras ubicaciones como As Pontes (A Coruña), el vicepresidente ha lamentado que eso sería mover la actividad «a muchos kilómetros de distancia» y perder empleo en la comarca de Pontevedra: «Muchas familias verían alteradísimas sus condiciones».