La valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, ha llamado la atención sobre la «particular» afectación de la pandemia de la covid-19 en las personas LGTBI durante su comparecencia en el pleno de la Cámara gallega, en el que abordado su informe correspondiente al año 2020.

En el hemiciclo, ha mostrado su preocupación sobre la situación vivida por las personas LGTBI que tuvieron que convivir durante el confinamiento domiciliario con una familia que «no acepta su orientación sexual o identidad», así como por las que, en general, se ven obligadas a convivir «forzosamente» en espacios donde «esta orientación o identidad no está reconocida por los demás».

La valedora do Pobo ha hecho hincapié en la situación de «soledad» que atraviesan las personas de este colectivo que son usuarias de residencias, así como la «imposibilidad» de que durante la pandemia se pudiesen seguir realizando reuniones de los grupos de apoyo.

Otro aspecto sobre el que ha incidido durante la presentación del informe de la Valedoría do Pobo ante el pleno de la Cámara y después de que el documento ya fuese desgranando en comisión parlamentaria, ha sido la paralización de los trámites judiciales durante la primera ola de la pandemia, que determinó «una demora en los expedientes de cambio de sexo».

QUEJA DE OFICIO

María Dolores Fernández Galiño ha detallado que todos estos asuntos fueron abordados en reuniones con asociaciones de defensa de los derechos de las personas LGBTI y que, además, la institución tramitó una queja de oficio después de conocer por los medios «la existencia de un procedimiento judicial de cambio de sexo registral con informe desfavorable al no tener la persona solicitante un diagnóstico de disforia».

Asimismo, ha indicado que remitió al Defensor del Pueblo una actuación con informe sobre el procedimiento para la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas que «varía dependiendo de la oficina del registro civil que curse la solicitud al no existir una normativa que unifique los requisitos para este trámite». Con ella, se buscó dotar al procedimiento de rapidez y eficacia al considerar, además, la actual situación de crisis sanitaria paralizó el procedimiento al no tener la consideración de servicios esenciales. INCIDENCIA DE LA PANDEMIA EN LOS DERECHOS HUMANOS

«Lo que nos enseñó la historia y en lo que coinciden todos los estudios es que en un desastre se comprometen los derechos humanos», ha manifestado la valedora do Pobo, que ha recordado que «de un día para otro» se entró en una fase de confinamiento.

«La Valedoría empezó a recibir quejas y llamadas en las que se manifestaban situaciones derivadas del confinamiento, de las limitaciones de libertades de deambulación y reunión, de la situación sanitaria, del cierre de la actividad económica, de las medidas de protección, de las pruebas diagnósticas, de la ausencia de ingresos, del corte de suministros básicos…», ha señalado.

En este sentido, ha explicado que la pandemia motivó la apertura de 33 investigaciones de oficio entre el 14 de marzo y el 21 de junio, frente a las tres iniciadas en el mismo periodo del año anterior.

«Un total de 222 quejas e investigaciones específicas de covid-19 recibidas desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio», ha señalado la valedora, que ha incidido en que «la situación generada por el primer confinamiento y las posteriores restricciones dieron lugar a una lógica preocupación por la garantía de los derechos, especialmente los de las personas más vulnerables».

Un contexto en el que el trabajo de la institución aumentó «en todos los sentidos». Así, se incrementó el número de asuntos, la cifra de personas que pidieron atención o asesoramiento, las actuaciones, las actuaciones de oficio, así como el número de resoluciones, entre otras.

«FACTURA» EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La primera en intervenir después de la valedora ha sido la diputada del PSdeG Noelia Otero, quien ha considerado que el informe presentado por Fernández Galiño da cuenta de la «factura» del impacto de la covid sobre los servicios sociales, dañados por años de políticas de «desmantelamiento y privatización» de la Xunta.

Otero ha advertido que más de la mitad de las quejas registradas por la Valedoría do Pobo se refieren a problemas en la sanidad y en la política social, que «reflejan la situación de los derechos sociales en nuestro país» e «ilustran sin lugar a dudas dónde está y dónde no está la voluntad» del Gobierno gallego. Así, ha señalado que Sanidad recibió el «33%» de las quejas; seguida de Política Social, con el 20%, y Educación con el 13%.

Por su parte, el parlamentario del Bloque Daniel Castro también ha lamentado que para «sorpresa de nadie» las áreas con más quejas sean las de sanidad, política social y educación, «con graves críticas y quejas en lo referido a la vivienda».

«El informe viene a decir lo de siempre, lo que le venimos diciendo a la Xunta desde hace años… Que cuando llevamos toda la vida criticando su modelo de vivienda pública, de residencias, de sanidad, que teníamos razón», ha sostenido para lamentar que una de cada tres quejas tengan que con la sanidad, especialmente con «las listas de espera».

Tras citar también los «atrasos en dependencia» y la poca «presencia de lo público» en política social, se ha referido también a las quejas recibidas en relación a las políticas de vivienda.

Además, ha aprovechado su intervención para poner en valor que cada vez más personas se comuniquen con esta institución en gallego y ha lamentado la «grandísima diferenciación de quejas» entre el mundo urbano y el rural.

EL PP DEFIENDE LA GESTIÓN DE LA XUNTA

Tras la intervención de la oposición ha tomado la palabra la parlamentaria del PPdeG Paula Prado, quien ha incidido su discurso con un recuerdo a Samuel Luiz, el joven de 24 años que recibió una paliza mortal en A Coruña.

«Numerosos estudios revelan que hay personas que cometen actos en grupo que nunca cometerían si estuviesen solas, la violencia retroalimenta al grupo», ha censurado la parlamentaria que ha asegurado «no encontrar respuestas a tanto odio, agresividad y violencia». «Todo nuestro cariño y solidaridad a las personas que amaban a Samuel», ha señalado.

Dicho esto, ha lamentado que «esto no se trate de un hecho aislado» y se ha referido también a un «incremento de denuncias de violencia sexual grupal». «Problemas que no son ajenos a la institución de la Valedoría do Pobo ya que la defensa del derecho fundamental a la igualdad de oportunidades, así como la lucha contra cualquier discriminación contra las personas son dos de los diez ejes actuación del decálogo que la titular de la Valedoría comprometió en su nombramiento», ha asegurado.

También ha destacado que «a lo largo de todo el informe se intuye una muy buena colaboración» de la Administración autonómica con la institución». «Muestra que la Valedoría no se percibe como un ente inquisidor, sino como un ente colaborativo que ayuda a las diferentes instituciones a prestar mejores servicios», ha apuntado.

Además, después de que los grupos de la oposición se refiriesen a las reclamaciones en sanidad, ha dicho que «es normal que sea el servicio con más quejas» toda vez que es un servicio en el que trabajan unos 44.000 profesionales y al que «acuden cientos de miles de personas a diario».