La Xunta considera que existe «buena disposición» por parte del Gobierno central para efectivizar la transferencia de las competencias de la gestión del dominio público marítimo-terrestre.
Así lo ha trasladado la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, en declaraciones a los medios tras mantener un encuentro telemático con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para abordar este traspaso y otras cuestiones relacionadas con la gestión de la costa.
La responsable autonómica ha confirmado que la Xunta empezará los trabajos «administrativos» para hacer realidad el traspaso de las competencias de la gestión del dominio público marítimo-terrestre dada la «buena disposición» encontrada en la Administración central.
Según Vázquez, «lo mejor» es que Galicia asuma estas competencias porque son la administración «que sabe lo que pasa en la costa» y su gestión desde el gobierno autonómico permitiría recortar «los tiempos» en la tramitación de cuestiones que afecten a las edificiones y las actuaciones que se desarrollan en el margen costero.
INVENTARIO DE BIENES
Por otra parte, la Xunta ha aprovechado para insistir ante el Estado sobre la necesidad de realizar un inventario de las 300 edificiones asentadas en la costa y que, dadas sus características «especiales» desde «el punto de vista cultural y arquitectónico», son «dignas de ser catalogadas».
La intención del Gobierno gallego es que el Estado autorice la modificación en el reglamento de Costas para que estos inmuebles puedan «ampliar sus usos» de cara a dedicarse a otras funciones, desde el ámbito residencial u hotelero a «actividades tradicionales» o su conversión en equipamientos.
Como ejemplo de esto, la conselleira ha señalado la posibilidad de que el edificio de una conservera «que ya no tiene futuro en la costa» pueda reconvertirse «en un museo».
El Gobierno se ha comprometido a estudiar la petición, según ha comentado Vázquez, quien ha apelado a que esta cuestión «no quede en el olvido» y su resolución «no se demore en el tiempo». SILENCIO ADMINISTRATIVO
Además, la Administración autonómica ha reclamado al Estado que articule cambios normativas para que el plazo máximo de respuesta a la tramitación de un planteamiento de ordenación sea de tres meses, transcurridos los cuales sin que exista respuesta, deriven en una confirmación positiva.
Ese es el planteamiento que aplica la Xunta y que quiere que asuma también la Administración central. Todo, como ha resaltado Vázquez, para avanzar en la «simplificación» burocrática, fijando el plazo máximo en tres meses y aplicando el criterio de silencio administrativo positivo.
XUNTA APOYA CAMBIOS USOS
Por último, la conselleira ha avanzado que la Xunta se personará contra el Estado en los procesos abiertos por ayuntamientos que hayan visto impugnados los cambios de licencia de uso en edificaciones asentadas en servidumbre de protección antes de la Ley de Costas.
Según ha explicado Vázquez, Xunta y Estado discrepan en la «interpretación» de la normativa. Mientras que la Administración autonómica permite, en línea con lo establecido por el Tribunal Supremo, que los ayuntamientos puedan aceptar que estas viviendas pasen de uso residencial a hotelero al entender que se trata de usos «similares», el Estado «interpreta lo contrario».
«Nosotros entedemos que no es un cambio de uso porque así lo dice el Tribunal Supremo», ha argumentado la conselleira, que ha apelado a la voluntad de «diálogo» entre administraciones antes de avanzar que la Xunta se personará frente al Estado de la mano de los ayuntamientos ante este asunto.
