Los grupos parlamentarios han aprobado por unanimidad en comisión el dictamen de la proposición de ley que permitirá reconocer a las personas que sufren violencia vicaria como víctimas de violencia machista.

La propuesta, planteada por el BNG, ha sido debatida este jueves en la Comisión 5ª y contó con el apoyo de todas las fuerzas del arco parlamentario con el acuerdo para incorporar parte de las enmiendas presentadas por los grupos del PP y del PSOE, que aplaudieron la voluntad de consenso de todos los diputados participantes.

La parlamentaria nacionalista Olalla Rodil ha destacado que las aportaciones de los grupos permiten contar con un texto «muy enriquecido y muy mejorado» respecto a la propuesta inicial, con el fin de elevar el documento a debate al próximo pleno del día 13 y antes de concluir el periodo de sesiones.

Rodil ha considerado que Galicia se sitúa de nuevo como «ejemplo» en esta materia para situarse en la línea de las recomendaciones internacionales del Convenio de Estambul para reconocer la violencia vicaria no solo para casos de homicidio o asesinato, sino para «cualquier otra forma de violencia» realizada para dañar a las mujeres y, en este caso, a las madres.

En este sentido, ha valorado que se mantiene el carácter retroactivo de la propuesta como «acto de justicia» y ha insistido en la necesidad de modificar la normativa estatal para «ir avanzando» en el ámbito judicial dentro de su ámbito competencial, al que Galicia no llega.

«Una tarea pendiente», ha recordado, que viene recogida en el Pacto de Estado contra la violencia machista y que «no acaba de efectivizarse».

CUESTIÓN «FUNDAMENTAL»

La popular Paula Prado también ha insistido en este aspecto y en la urgencia de modificar el Código Penal en una cuestión «fundamental e importantísima», no solo en la violencia vicaria sino también en ámbitos como al que se produce a través de medios digitales o las redes sociales.

«Es fundamental que el Congreso se ponga a trabajar en ese ámbito», ha señalado, para lograr «una igualdad real» y el reconocimiento de los derechos «de todas estas mujeres».

En todo caso, ha recordado que el Gobierno gallego ya actúa en estos casos como víctimas de violencia de género» y cree importante incidir en esos supuestos en que los agresores utilizan a los hijos comunes o a los allegados de la víctima para atacarla y ejercer presión.

Por su parte, la socialista Noa Díaz ha censurado que estos casos representan la «manifestación más cruel» de la desigualdad que sufren las mujeres y ha manifestado la necesidad de «combatir» todo acto que busca ejercer tanto daño físico como sexual o psicológico.

Sobre las enmiendas aceptadas, ha destacado la consideración de violencia vicaria a toda aquella ejercida con el único objetivo de dañar a la mujer y la ampliación a más casos que los supuestos de homicidio y asesinato, dado que este tipo de situaciones se producen también a través de la manipulación, el insulto o el acoso a través de personas próximas a la víctima.

En este sentido, ha agradecido el «consenso» de todos los grupos para avanzar en esta materia y ante la necesidad «incuestionable» de reconocer esta forma de violencia y sus efectos «más invisibles» para la sociedad.

INVESTIGACIÓN

Por otro lado, también se ha aprobado por unanimidad el dictamen sobre la proposición de ley que modifica el decreto 2/2015 con el fin de garantizar la igualdad real entre hombres y mujeres en el ámbito de la universidad y la investigación, una propuesta nombrada por el BNG como ‘Ángeles Alvariño’ en recuerdo de la oceanógrafa gallega que denunció ante Estados Unidos la discriminación por género.

Rodil ha destacado el objetivo «claro» de garantizar que ninguna mujer se vea obligada a escoger entre ser madre o científica y que ninguna persona se vea penalizada por al condición de tener que cuidar de una persona dependiente.

De este modo, tras al incorporación de las enmiendas, se amplían los supuestos para computar el tiempo de inactividad, permisos de maternidad y situaciones de violencia machista para evitar que penalice la carrera investigadora.

«Creemos que el país da un salto adelante enorme», ha señalado, al establecer por ley la obligación de que introducir medidas correctoras en las convocatorias para evitar que los cuidados supongan una discriminación en los procesos de evaluación, una cuestión que no se recoge de manera «tan específica y con tanta claridad» en ninguna otra ley del Estado o de la UE.

SORTEAR LOS OBSTÁCULOS

Paula Prado, del PP, destacó al importancia de trabajar para garantizar «por ley» la igualdad real en este ámbito ante los «innumerables obstáculos» que se encuentran las mujeres en su trayectoria profesional.

Entre otros puntos, ha destacado la introducción de criterios objetivos y diferenciadores para «dar un ejemplo» a otros territorios del Estado, y se ha referido al debate sobre el «factor corrector» para lograr un baremo más abierto para que se regule específicamente en función de la convocatoria pero que permita compensar los periodos de inactividad por los supuestos antes mencionados.

Finalmente, Noa Díaz (PSOE) también aplaudió el «entendimiento» entre los tres grupos ante la necesidad de regular la perspectiva de género en el ámbito universitario y de la investigación, además de en la transferencia de conocimiento o el fomento de creación de cátedras de cuestiones de género.

De nuevo, ha destacado la importancia de que los intervalos temporales inactivos por razones de cuidados y otros supuestos no tengan impacto negativo, sobre todo en los casos donde se trata de víctimas de violencia de género, o que los centros y universidades se doten de protocolos y medidas para la detección precoz de todo tipo de violencia.