La Xunta ha asegurado que las personas con hijos a su cargo receptoras de rentas de inclusión a las que se les han reclamado importes de hasta 5.000 euros por la incompatibilidad de recibir la Risga y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) tendrán condonada la deuda, lo que representa «el 80%» de los afectados.

Así lo ha indicado la conselleira de Política Social, Fabiola García, en respuesta a una interpelación parlamentaria formulada por la diputada del BNG Olalla Rodil en la sesión plenaria que este martes ha arrancado en la Cámara gallega.

La parlamentaria nacionalista censuró la actitud de Gobierno central y autonómico, a los que ha culpado de no aportar soluciones para una problemática «que no tiene nombre y está generando una frustración enorme» entre los afectados.

«Hay que buscar una solución. No aceptamos que por que haya responsabilidades en el gobierno de España, la posición de la Xunta sea escurrir el bulto o poner parches», ha exclamado Rodil, que ha urgido a la Administración autonómica a cambiar la Ley de inclusión que hace incompatible que un perceptor de la Risga reciba también el IMV.

En su turno, la conselleira ha acusado al Bloque de buscar «réditos políticos» con la presentación de esta interpelación después de haber preguntado sobre este asunto en otra sesión plenaria celebrada hace unas semanas.

A renglón seguido, García ha responsabilizado al Gobierno central y sus «prisas» por sacar adelante el IMV de la situación, al tiempo que ha asegurado que las personas con hijos a su cargo que hayan cobrado ambas prestaciones no tendrán que devolverlas.

En cuanto a la reformulación de la Ley gallega de inclusión para remediar la incompatibilidad que ha derivado en el problema para receptores de ambas rentas, la conselleira ha avanzado que el Ejecutivo autonómico iniciará «en el próximo trimestre» el proceso para cambiar este apartado.

TRAMITACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Tras contestar a esta cuestión, la titular de Política Social también subió al estrado del hemicilo para responder a otra interpelación, en este caso presentada por el Grupo Socialista y defendida por la diputada Marina Ortega sobre las «carencias» del sistema gallega de dependencia a la hora de las valoraciones de usuarios.

En este sentido, la parlamentaria socialista demandó un mayor compromiso prespuestario para dotar de más efectivos a la plantilla de los servicios encargados de las valoraciones como vía para mejorar los tiempos, que hacen que Galicia «ocupe el 13 puesto en el ranking» de las comunidades autónomas.

En su respuesta, la conselleira ha resaltado el plan aprobado por el Ejecutivo autonómico hace unas semanas para agilizar la tramitación de los servicios de dependencia.

En todo caso, García ha apuntado que «el 94%» de las personas con dependencia «ya perciben» alguna prestación o servicio, lo que sitúa a Galicia «once puntos por encima» de la media del Estado.

Asimismo, también ha puesto el acento en los resultados del estudio piloto desarollado en la provincia de Ourense para el «refuerzo» de los equipos de dependencia y que permitió «aumentar un 70%» el número de expedientes tramitados.