El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha defendido este martes que la Xunta trabaje en un posible recurso ante el Tribunal Constitucional contra la conocida como ley antifraude, que está en sus últimos compases de tramitación, y en concreto en lo que tiene que ver con los pactos de herencias en vida.

Ya la semana pasada el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, arremetió contra esta futura legislación, una «ley ilegal», pronunció, puesto que ataca –dijo– la autonomía fiscal gallega y las competencias previstas en su Estatuto, así como el propio derecho civil gallego.

Para conocer en profundidad el parecer del Ejecutivo, el PPdeG lleva al próximo pleno de la Cámara gallega una pregunta al respecto. Además, a preguntas de los medios, Pedro Puy ha avanzado que también su grupo también ha registrado una iniciativa en la que, precisamente, los populares quieren que el Parlamento autonómico dé apoyo a la Xunta para presentar el recurso de inconstitucionalidad si se confirma la aprobación de la ley sin retoques.

En su explicación, el dirigente popular, doctor en Derecho, ha manifestado que la ley ataca los principios de autonomía financiera y principios básicos de derechos de los contribuyentes, puesto que «incluye la presunción de fraude». En síntesis, la ley determina que si se hace un pacto de herencia en vida, esos bienes no se pueden vender mientras viva la persona que los ha legado o, de lo contrario, se tendría que tributar por ellos.

Puy Fraga, que ha recordado que Galicia «tiene derecho civil propio», ha señalado que «no es de recibo» una ley que «deturpa» una de la instituciones más clásicas del derecho gallego como son los pactos sucesorios y «no respeta» los fundamentos «elementales» entre la administración tributaria y el contribuyente.

«Estamos a tiempo de evitar que esto suceda», ha señalado al respecto de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, si bien ha señalado que en la iniciativa presentada demanda a la Xunta que «defienda la normativa jurídica y fiscal» gallega «por todos los medios que considere oportunos». «Si esto sigue adelante, no tengo dudas de que no quedará otra que recurrirlo», ha apuntado.

Sin prejuzgar el trabajo de los jurídicos de la Xunta, Pedro Puy ha señalado «tres motivos» en los que se fundamentaría ese recurso. Por un lado, por la relación entre la administración y el contribuyente, ya que «presume» un fraude sin derecho a «prueba contraria», «privando de cualquier motivo de defensa».

Además, «afecta a la autonomía financiera», ya que los pactos sucesorios tributarían por el impuesto de sucesiones (exento para la mayor parte de la población gallega) y esta ley haría tributar por el impuesto sobre la renta, con lo que la recaudación iría para el Estado.

Finalmente, porque «deturpa la Constitución» y el derecho propio de Galicia. «Es un ataque contra una figura esencial del derecho propio», al respecto de lo que ha recordado que hay sentencias favorables para el contribuyente del TSXG y del Supremo.

«Hay motivos más que suficientes (para recurrir). Confío en que no haya que llegar al recurso», ha señalado Puy Fraga.