Xunta y Gobierno central iniciarán negociaciones para resolver las discrepancias existentes entre ambas administraciones en relación a la ley de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia y la relativa a los residuos y suelos contaminados de la comunidad autónoma.

Así lo recoge este miércoles el Diario Oficial de Galicia (DOG) en la que se informa que la comisión bilateral de cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia ha adoptado el acuerdo de iniciar negociaciones.

En el caso de la ley de residuos y suelos contaminados, las discrepancias se centran en diez artículos por lo que se ha designado un grupo de trabajo para proponer a la comisión bilateral, con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, y el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda al frente, la solución que proceda.

Los mismos pasos se darán en relación a las diferencias en torno a tres artículos de la ley de simplificación administrativa y de apoyoa la reactivación económica de Galicia. Como en el caso anterior, el inicio de estas negociaciones se comunicarán al Tribunal Constitucional, además de recogerse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el DOG.

LEY DE SALUD Y PLAN DE MARISQUEO

Estas dos cuestiones no han sido las únicas que en los últimos meses han suscitado discrepancias entre ambas administraciones ya que a estas se suman otras como las de la ley de salud gallega o el plan de marisqueo.

En el caso de la primera, recientemente el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, han firmado un acuerdo en el que se comprometen a buscar un acuerdo sobre las discrepancias al apartado segundo del artículo 38 de la ley de salud gallega al margen del proceso abierto en el Tribunal Constitucional, que suspendió este aspecto normativo.

Mientras, el plan de marisqueo gallego está en estos momentos en los tribunales ante el recurso contencioso-administrativo presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica por el supuesto «incumplimiento por parte de la Consellería do Mar de los trámites previstos en la legislación autonómica y estatal».

Para la Xunta, resulta, sin embargo, «chocante e incomprensible» que el Gobierno español «se saque de la manga» el requisito de exigir un informe de la Dirección General de la Costa y el Mar para la aprobación del plan gallego de explotación marisquera 2021-2023, requisito que, según manifestó expuso recientemente su titular, Rosa Quintana, «jamás» había sido solicitado desde que estos planes entraron en vigor en los años noventa.