El PPdeG ha rechazado una moción del PSdeG que, entre otras cuestiones, demanda una investigación de lo sucedido en las residencias durante la pandemia, así como que la Xunta haga públicos y entregue a la Cámara los datos desagregados de fallecidos por centros.
En el pleno del Parlamento gallego, la diputada socialista Marina Ortega ha expuesto que hay «790 razones», tantas como fallecidos vinculados con estos centros, para realizar una investigación de lo que ocurrió y dar a conocer el número de casos centro por centro.
Una cuestión que ve necesaria por la «memoria» y «dignidad» de las familias de las víctimas, así como por un ejercicio de transparencia y para prevenir de cara al futuro.
Asimismo, esta propuesta también pedía un protocolo preventivo para enfermedades infectocontagiosas que «blinde a los mayores» y que se elabore antes del fin de 2021 el nuevo modelo de residencias con aportaciones de los grupos parlamentarios.
Otra reclamación pasa por incrementar el control, pues denuncia que solo hay «siete» técnicos para supervisar el total de residencias en toda Galicia, la segunda comunidad con menor cifra, según denuncia Ortega. Además, remarca que es la autonomía con menos porcentaje de plazas públicas.
Toda una gestión de la Xunta que resume en «más privatización, menos inspección», mediante un «libre albedrío» en el cumplimiento de la normativa.
Por su parte, Olalla Rodil (BNG) achaca a una «decisión política» que existan unos servicios «escuálidos» de supervisión, pues denuncia hay solo «siete inspectores» para todo el área de bienestar, no solo para las residencias. Incide en que supone que cada inspector se encarga de 2.778 plazas, lo que es «materialmente imposible».
DEFENSA DE GESTIÓN DE LA XUNTA
Sin embargo, Alberto Pazos Couñago (PP) ha defendido la gestión de la Xunta en las residencias, que tuvieron «un mejor comportamiento» en incidencia de la pandemia que el conjunto de España y Europa.
Sostiene que el 33% de los fallecidos en Galicia están vinculados con residencias, lo que supone cinco puntos menos que la tasa española. Además, valora que la Xunta «tuteló el 100%» de los centros e intervino en 14 que vivían «situaciones críticas». Junto a esto, Pazos Couñago ha asegurado que hay 17 inspectores para todo el departamento, no siete.
ATENCIÓN PRIMARIA
Por otra parte, los populares han denegado una iniciativa del Bloque en la que reclamaba la restitución de la presencialidad en la Atención Primaria para «todas» las personas que lo necesiten.
Así, Montse Prado (BNG) ha pedido un plan de recuperación de Atención Primaria con más recursos y profesionales, pues denuncia los recortes en la asistencia a pacientes.
El Bloque requiere un aumento presupuestario del 25%, así como un alza de profesionales en todas las categorías profesionales, tanto en centros de salud como en los PAC, en vez de «amenazar al personal sanitario con cobrar menos».
Al respecto, remarca que la Atención Primaria ya vivía una situación «crítica» antes de la covid, por lo que la solución «no es volver a la situación previa a la pandemia» con «masificación y agendas interminables», sino mejorar la calidad de atención.
Durante el debate, el diputado socialista Julio Torrado ha reprochado las críticas del conselleiro de Sanidade a Pedro Sánchez –en relación con las palabras del presidente del Gobierno de que faltan 100 días para alcanzar la inmunidad de grupo–. Así, califica esas palabras de Julio García Comesaña de «hooliganismo insoportable», porque mientras las hacía Alberto Núñez Feijóo decía que «en menos de dos meses» se va a poder ir sin mascarilla por la calle, afea Torrado.
En contraposición, Encarna Amigo (PPdeG) ha dicho que su grupo no puede votar a favor porque «muchas de las cosas que piden se están haciendo ya» y el resto no las comparten. Entre estas últimas, dice que la petición de una vuelta a un 100% de presencialidad «no puede ser así» porque se vive una pandemia. La popular asegura que «hay muchas cuestiones» que se pueden resolver de forma telefónica y que los gallegos «aceptan de buen agrado» ese servicio.
