El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha registrado varias iniciativas en la Cámara para instar al Gobierno estatal a transferir a Galicia los activos inmobiliarios de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) –el llamado ‘banco malo– con la finalidad de destinarlos a vivienda social.

A través de un comunicado, la formación nacionalista apunta a la «necesidad de un cambio» en las políticas que movilicen el parque de viviendas vacías, sobre todo tras la llegada de la crisis sanitaria y económica de la covid-19.

Así, Rego defiende la «intervención pública en el mercado inmobiliario», porque en la situación actual «es más necesaria que nunca para garantizar el acceso igualitario am la vivienda». No en vano, da el dato de que, en todo 2019, «solo se construyeron cuatro inmuebles de protección autonómica», mientras que en 2020 los demandantes de vivienda eran casi 15.000.

Mientras tanto, el diputado del Bloque señala que hay «una gran cantidad de suelo y viviendas vacías que pertenecen, directa o indirectamente, a entidades financieras que recibieron ingentes cantidades de fondos públicos para su rescate», además de que «muchas otras están en manos de la Sareb».

Por todo ello, el BNG demanda al Estado que realice todos los trámites necesarios para transferir a la Xunta las 2.735 viviendas en poder del ‘banco malo’, la mayoría en las provincias de A Coruña y Pontevedra. Esto permitiría construir «una bolsa de vivienda pública» en Galicia para «facilitar el acceso a la vivienda» a la juventud y a colectivos desfavorecidos.

ACCIONES CONTRA EL COBRO DE CARRETERAS

Por otra parte, la viceportavoz del BNG en el Parlamento gallego, Olalla Rodil, ha presentado este sábado en Lugo el inicio de la campaña de acciones sociales e iniciativas que emprenderá la formación para protestar contra el cobro por el uso de las carreteras a nivel estatal.

«En el caso de Lugo, el Gobierno no puede hacer pagar a los vecinos por una serie de infraestructuras que en muchos casos no están acabadas y de las que no existe una alternativa en la red de transporte público», ha explicado.

Esto provoca que la provincia no cuente «con comunicaciones dignas» con el resto de Galicia «ni por carretera ni por ferrocarril», por lo que ve «una burla» que el Gobierno central pretenda «incentivar el uso del transporte público con esta medida».