La Xunta ha pedido al Gobierno clarificar el sistema de financiación autonómico y municipal para poder definir las relaciones financieras entre la Administración autonómica y las entidades locales, a las que ha destacado que este año destinará 400 millones de euros. Mientras, el PSdeG y el BNG han criticado que la dotación del fondo de cooperación local no se haya incrementado «ni (en) un solo euro» durante «los últimos 12 años».

En una comparecencia realizada a petición propia en la Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, ha explicado que el Gobierno gallego amplió los fondos dirigidos a las entidades locales este año, por lo que recibirán más de 400 millones de euros, 10,5 millones de euros más que en 2020.

Tras abordar las líneas de colaboración entre la Administración autonómica y las entidades locales tratadas en la Comisión Galega de Cooperación Local, ha incidido en la importancia de delimitar las competencias de las distintas administraciones para evitar duplicidades o que algunas instituciones asuman responsabilidades que no les corresponden, «una situación que se vio agravada en los últimos tiempos durante la pandemia».

Para ello, ha recordado que la Xunta y la Universidade de Santiago de Compostela (USC) firmaron, con colaboración con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), un convenio para la realización de una auditoría que delimite las competencias de las administraciones. Precisamente, ha recordado que en la Comisión Galega de Cooperación Local se propuso definir las competencias de la Xunta y los municipios, exigir al Estado la aprobación de un nuevo modelo de financiación y, posteriormente, redefinir el Fondo de Cooperación Local.

En este sentido, ha remarcado que el Gobierno «debe clarificar el sistema de financiación de las administraciones autonómica y local» para que se puedan diseñar las relaciones financieras entre la Xunta y las entidades municipales.

Por su parte, la diputada socialista Begoña Rodríguez Rumbo ha acusado al Gobierno gallego de vulnerar los acuerdos firmados con las entidades locales «durante los últimos 12 años» al «incumplir» el Pacto Local. Así, ha criticado que no se haya comenzado la negociación de una ley autonómica de participación en los ingresos de la comunidad y ha reprobado que la dotación del fondo de cooperación local no se haya incrementado «ni un solo euro» durante la etapa de Núñez Feijóo al frente de la Xunta.

A este respecto, el diputado del BNG Iago Tabarés ha señalado que, mientras la distribución de dotaciones mediante el fondo de cooperación local «sigue criterios objetivos», el fondo adicional y otras aportaciones pueden articularse con «arbitrariedad» o «se conceden con carácter finalista». Además, ha incidido en la necesidad de que la concesión de subvenciones se realice por procedimientos de concurrencia competitiva para evitar que carecer de una conexión estable a Internet penalice la presentación de solicitudes por parte de municipios rurales.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

En otro orden de cosas, durante la misma comisión, la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, ha reivindicado la entrega de material de protección a municipios desde el inicio de la pandemia y ha explicado la importancia de complementar las distintas medidas de seguridad dado que el cumplimiento de las mismas de modo individualizado no garantiza una efectividad total.

En concreto, ha incidido en la importancia del mantenimiento de las medidas establecidas por las autoridades sanitarias en parques infantiles dado que el uso de mascarilla no es obligatorio para parte de los niños que acceden a los mismos por ser menores de 6 años.

Mientras, la diputada del PSdeG ha señalado que su partido «no cuestiona la necesidad» de adoptar medidas de higienización y desinfección en parques y espacios deportivos municipales, pero ha asegurado que «la mayor parte de los municipios carecen de los recursos necesarios para atender estas medidas con garantías». Por ello, ha reclamado que el Gobierno gallego derive fondos para apoyar a los ayuntamientos en este sobrecoste, que, en el caso de Pontevedra, asciende a 50.000 euros mensuales.

También ha criticado que no se crease una comisión permanente para realizar un seguimiento de las necesidades de los municipios, tal y como solicitó la Fegamp, y acordar «qué parte de la financiación de las medidas debería haber asumido la Xunta, que es la que tiene las competencias».