El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado disconforme este martes con el anuncio que ha salido del Consejo de Ministros, que ha aprobado un real decreto ley para permitir a las comunidades recurrir al Tribunal Supremo si los tribunales superiores autonómicos tumban sus restricciones frente a la pandemia una vez decaiga el estado de alarma el próximo sábado por la noche.

De este modo, el Ejecutivo abre una vía para que, a partir del 9 de mayo, las comunidades puedan seguir adoptando medidas que supongan la limitación de derechos o libertades fundamentales, como los cierres perimetrales o el toque de queda. Es decir, no descarta que se puedan mantener estas restricciones, pero deja al Supremo la última palabra al respecto.

En concreto, el decreto aprobado para regular el fin del estado de alarma establece que los gobiernos autonómicos podrán interponer recursos de casación ante la sala tercera del Tribunal Supremo, y que éstos deberán resolverse en cinco días hábiles.

«Se abunda en una pertinaz posición de no querer legislar ni dejar legislar a las comunidades y apostar por la judicialización de la pandemia», ha lamentado el presidente de Galicia, cuya reforma de la ley de salud ha sido recurrida en parte por el Ejecutivo estatal ante el Tribunal Constitucional (TC). Además, Feijóo ha reivindicado de forma reiterada una ley estatal para facilitar la gestión de la pandemia.

Ahora, ha recalcado que cualquier gobierno autonómico que necesite tomar decisiones frente al coronavirus «en base a datos epidemiológicos» precisará de una autorización de su tribunal superior autonómico y, si la sentencia es «negativa», acudir al Supremo.

Al respecto, ha señalado que la «tutela efectiva» de jueces y magistrados es «un principio constitucional», pero ha insistido en que él no considera que «para gestionar una pandemia» tengan que ser «jueces y magistrados los que concuerden con las propuestas del comité clínico y los epidemiólogos».

«SEGUIR LAVÁNDOSE LAS MANOS»

«Me parece que es una falta de decisión seguir lavándose las manos de la situación epidemiológica y judicializar la pandemia con sentencias que pueden ser distintas, que son efectivas desde el momento de su dictado y que tiene que casarse en el Supremo», ha esgrimido.

Aunque los recursos del Supremo tendrán que resolverse en un plazo de cinco días hábiles, Feijóo ha incidido en que, tras el fin del estado de alarma, se generará una «incertidumbre» que lamentan «todos» los presidentes autonómicos. «No es una cuestión ideológica, es un problema de gestión y administración de los servicios sanitarios en cada comunidad», ha apostillado.

«NO ARREGLA, SINO ALARGA» LOS PROCESOS DE GESTIÓN

Sobre este asunto se ha pronunciado también este martes en rueda de prensa el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, tras la Xunta de Portavoces y después de incidir en la necesidad de una ley específica como la que había impulsado la Xunta.

A su modo de ver, el paso anunciado por el Gobierno supone una modificación en el proceso que ya se hizo en su momento, puesto que los tribunales de primera instancia tampoco daban respuestas iguales ante la situación de la pandemia. A juicio de Puy, recurrir a la justicia «no arregla, sino alarga» los procesos de gestión.