El BNG lanzará una campaña a nivel social y político para rechazar el «expolio» eólico de Galicia y reclamar, a su vez, un modelo alternativo que «sea sostenible, justo y revierta en beneficio de las gallegas y los gallegos».

En concreto, consistirá en una ofensiva de iniciativas institucionales, de movilizaciones sociales y de encuentros informativos con los que los nacionalistas reivindicarán una nueva legislación y un nuevo plan sectorial que «ordene el territorio» y «blinde aquellas zonas que deben estar libres de eólicos». Para ello, tal y como propone el BNG en un comunicado, se ampliará la ‘Rede Natura’ y se paralizarán aquellos proyectos que le afecten.

Además, con el objetivo de obtener «un retorno justo que compense el impacto medioambiental y social» de los parques, el Bloque aboga por la participación pública en el sector a través de una empresa gallega de energía y una tarifa propia que «abarate la factura».

«No vamos a parar porque ni este expolio ni esta depredación son admisibles. Hay alternativa y desde el BNG continuaremos defendiéndola», ha asegurado la diputada autonómica Noa Presas.

Según sus palabras, Galicia vive en estos momentos un desarrollo «sin precedentes» de nuevos proyectos eólicos «sin planificación, sin un ajuste a las necesidades medioambientales y sociales» y «sin el más mínimo consenso».

Y es que este «boom eólico», tal y como lo ha calificado Presas, «no está pensado en beneficio de los intereses gallegos, sino para enriquecer al gran oligopolio eléctrico».

Mientras tanto, la nacionalista reprocha el «papel consentidor» del Gobierno central y la actitud de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo, que «está impulsando numerosos cambios legales para aplanarles el camino a las compañías eléctricas, mientras se pierde biodiversidad y se pierden oportunidades (…) de que esta energía revierta en el país».

LA TERRAZA DE SADA

Por otra parte, el BNG, a través de su diputado en el Congreso, Néstor Rego, ha registrado una iniciativa para reclamar al Estado la cesión del edificio modernista de La Terraza de Sada (A Coruña) al Ayuntamiento, además de pedir las obras de restauración y conservación necesarias.

Esta infraestructura, situada en dominio público marítimo-terrestre, estaba cedida en concesión administrativa hasta que su prórroga «fue denegada» en febrero de 2021 –explica el Bloque– por alcanzar el máximo de 75 años permitido.

«Pero lo que también propone la Dirección General (de Costas), dado el valor de las instalaciones declaradas como BIC, es que se mantenga la infraestructura, aunque no se pueda prorrogar la concesión. Así, ese bien pasaría a ser propiedad del Estado», destaca Rego, al tiempo que insta a iniciar conversaciones con el Ayuntamiendo de Sada para negociar una posible cesión y un convenio de usos públicos «compatibles con un adecuado mantenimiento».