La líder del BNG, Ana Pontón, ha emplazado a la Xunta de Galicia y al Gobierno del Estado actuar de forma urgente para evitar «un nuevo expolio» con la retirada por parte de la familia Franco de los muebles del Pazo de Meirás.

«Tanto la Xunta como el Gobierno central tienen en su mano instrumentos para evitar un nuevo saqueo de la familia Franco», ha afirmado Pontón en la jornada en la que el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha acordado conceder a los Franco el plazo de un mes para la retirada de los bienes del inmueble.

Ante ello, Pontón ha instado las administraciones autonómica y estatal a actual de forma urgente y ha avanzado que su formación llevará al Parlamento de Galicia una iniciativa con propuestas concretas para que tanto el Ejecutivo estatal como el gallego «actúen ya».

En concreto, en primer lugar, ha considerado necesario que el Estado presente un nuevo recurso para defender la titularidad pública de los bienes que forman parte del bien de interés cultural (BIC), así como una incidencia por la ejecución de la sentencia del pasado mes de diciembre al considerar que «se vulnera su espíritu».

Además, ha señalado que el Gobierno gallego puede tomar medidas toda vez que este pazo es un BIC y la legislación que regula esta declaración le permite poner en marcha medidas urgentes para evitar «que se pueda despiezar» su «contenido y su continente».

«La Xunta le debe advertir a la familia la imposibilidad de sacar de Meirás todos aquellos bienes que forman parte del BIC», ha incidido en una comparecencia en la que ha tachado de «burla» que el Gobierno gallego asegure que esta figura de protección solo afecta a la biblioteca de Emilia Pardo Bazán y a las estatuas del Pórtico de la Gloria.

Por último, ha pedido abrir un nuevo proceso para ampliar la declaración BIC a todos los objetos que por su vinculación forman parte inseparable del pazo. «Lo que pedimos es que la Xunta y el Gobierno actúen para evitar un nuevo expolio, ha insistido Pontón, que ha hecho hincapié en que detrás de esta «lucha hay algo simbólico».

«Se trata de que haya justicia, verdad y reparación para las personas que sufrieron la represión franquista, pero también para que haya un relato acorde con lo que significó ese régimen que nos permita profundizar en una democracia real», ha apuntado.

«LUZ VERDE AL SAQUEO»

La portavoz nacional del BNG ha lamentado que con el nuevo auto judicial se haya dado «luz verde» a los Franco para que puedan «saquear» todo el contenido de este bien de interés cultural. «Esto ya de por sí es grave pero, además, abre la puerta a que invaliden los inventarios que se hicieron con motivo de la sentencia que reconoce la titularidad del Estado», ha afirmado.

Pontón se ha referido al fallo como un «acto de injusticia» que permite a la familia del dictador Francisco Franco «expoliar todos los bienes que forman parte de un pazo que está declarado bien de interés cultural». «Esa declaración no solo eran las paredes de los edificios, era también todo el contenido de ese pazo que está vinculado con una historia», ha apuntado.

En este sentido, ha calificado de «inasumible» y de «disparate jurídico» esta decisión judicial que dice que «es propiedad de la familia Franco la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, todo el mobiliario que había, las estatuas del Pórtico de la Gloria e incluso aquellos bienes que en los inventarios se reconocía que formaban parte del patrimonio nacional», ha señalado.

«El auto lo que viene a decir es que es propiedad de la familia Franco todo lo que estaba en el pazo de Meirás menos las paredes y va a permitir un auténtico expolio para nuestro país», ha argumentado.

Ante ello, la líder de los nacionalistas gallegos ha considerado «urgente reaccionar». «Estamos ante una justicia al revés», ha sostenido Pontón, que ha incidido en que el auto «contiene expresiones y valoraciones incompatibles con la sensibilidad democrática y con el respeto a la dignidad de las víctimas del Franquismo».

POZOS NEGROS

Ana Pontón ha considerado que los dos últimos fallos de la Audiencia Provincial ponen en evidencia lo que es una anomalía democrática en el Estado español». «Estamos pagando la factura de una transición que legalizó el Franquismo, que blanqueó la dictadura, que permitió los privilegios de la familia Franco e instauró la impunidad de los crímenes, unos pozos negros que necesitan ser depurados», ha indicado.

Ante estas cuestiones, ha reivindicado una nueva legislación que derogue la ley de amnistía, que «ilegalice» el régimen franquista y que permita exigir responsabilidades y pedir cuentas por los crímenes y por el robo.