El Parlamento de Galicia ha demandado públicamente al Gobierno estatal que presione por vías políticas, diplomáticas y judiciales ante las autoridades de Filipinas para esclarecer los hechos que rodean la muerte del coruñés Diego Bello en enero de 2020 en el país asiático a manos de policías filipinos.

Así figura en una declaración institucional que ha sido pactada por los grupos con presencia en el Pazo do Hórreo –PP, BNG y PSdeG– este martes, jornada en la que los padres de Diego Bello han visitado la sede de la Cámara gallega, donde han mantenido un encuentro con su presidente, Miguel Santalices, y los portavoces de las formaciones políticas.

En este sentido, los grupos se han unido para expresar su solidaridad con la familia del coruñés y demandar ante el Gobierno central que las autoridades españoles «ejerzan cuantas acciones políticas, diplomáticas y judiciales sean necesarias» para «el total esclarecimiento» de la muerte de Bello y «la depuración hasta las últimas consecuencias de cuantas responsabilidades hubiere».

Asimismo, solicitan al Estado que haga lo que esté en su mano para que «el derecho al honor» de Diego Bello sea restaurado, puesto que la familia del coruñés niega las acusaciones de las autoridades filipinas, cuyo relato sostiene que Bello era uno de los mayores narcotraficantes de la zona de Siargao, donde residía y murió a disparos de la policía en un operativo antidroga.

La versión de las autoridades filipinas es negada categóricamente por la familia y allegados de Diego Bello, que sostienen que la supuesta implicación en el tráfico de drogas no figura en ningún expediente administrativo y tampoco existen pruebas o testimonios que respalden la justificación de que los agentes actuaron en defensa propia.

El Parlamento recuerda que las autoridades filipinas «siguen negándose» a llevar a cabo la investigación requerida por el Gobierno español y destaca el informe realizado por la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, que en agosto de 2020 concluyó, tras un trabajo de campo en la zona de la muerte de Bello, que su muerte fue un asesinato y que la excusa de la defensa alegada por la polícia «queda desligitimada» por los resultados de las autopsias realizadas en Manila y en Madrid.

Así, tras recordar que en noviembre del pasado año fue aprobada una iniciativa en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso que insta al Gobierno a presionar a Filipinas sobre la muerte de Diego Bello, el Legislativo gallego lamenta que hasta el momento las peticiones de las autoridades españolas «hayan sido ignoradas» por un gobierno, el de Filipinas, «que lleva siendo denunciado tanto por la ONU como por la UE por haber llevado a cabo más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales» bajo el pretexto de la lucha contra drogas.