El Gobierno mantiene su intención de levantar el 9 de mayo el estado de alarma y, por ello, ha comenzado ya a preparar la nueva fase que se abrirá entonces, y a analizar con los Ministerios qué medidas sociales y económicas dependen de la vigencia de este instrumento, para prorrogar vía decreto las que sigan siendo necesarias en la etapa final de la pandemia del coronavirus.

En concreto, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha pedido a todos los departamentos ministeriales que estudien qué medidas de las que han aprobado durante los últimos seis meses de estado de alarma tienen su fecha de caducidad ligada a este instrumento, para hacer una selección y prorrogar las necesarias, según informan a Europa Press fuentes gubernamentales.

Así, la idea del Ejecutivo es aprobar próximamente un decreto ley que permita dar continuidad a aquellas cuestiones que los Ministerios consideren que hace falta seguir manteniendo más allá del 9 de mayo. Serían medidas, en todo caso, que no necesitan que este instrumento constitucional siga vigente, ya que no tienen que ver con la restricción de derechos fundamentales.

QUE LOS SANITARIOS JUBILADOS PUEDAN SEGUIR AYUDANDO

Es el caso, por ejemplo, de la medida que se aprobó en febrero para permitir que los sanitarios jubilados pudieran volver a trabajar para ayudar en la lucha contra la pandemia, sin perder su pensión. Esta cuestión estaba ligada expresamente a que estuviera vigente el estado de alarma.

Esto se suma al anuncio que ya realizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace dos semanas de que iba prorrogar hasta agosto la moratoria de desahucios sin alternativa habitacional en el alquiler, la moratoria o condonación parcial para inquilinos de grandes tenedores o entidades públicas, y los mecanismos de condonación y prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler; medidas que también estaban sujetas a la finalización del estado de alarma.

Ahora son los diferentes departamentos ministeriales los que están en fase de estudio, analizando cuáles de las iniciativas que han impulsado estos últimos seis están en riesgo con el fin del estado de alarma, ya que «la intención del Gobierno» es levantar esta herramienta el 9 de mayo, tal y como reafirmó Sánchez el pasado miércoles.

A este respecto, el presidente apostó por abrir una nueva fase, gracias al avance de la vacunación, y dejó claro que con el fin del estado de alarma acabarán también las restricciones que implican limitación de los derechos fundamentales, que solo se pueden desarrollar bajo el paraguas de este instrumento, como la limitación de la movilidad nocturna, más conocida como el toque de queda.

Y en cuanto a los cierres perimetrales, el jefe del Ejecutivo defendió que deben ser los tribunales los que se pronuncien sobre el alcance que deben tener, en el caso de que las comunidades decidan seguir manteniendo este tipo de restricciones a la movilidad en un determinado territorio.

En todo caso, el Ejecutivo mantiene que no hace falta reformar la legislación sanitaria para afrontar la nueva fase de la pandemia que se abre tras el estado de alarma, a pesar de que se lo está reclamando no solo el PP, sino también varios gobiernos autonómicos e incluso algunos de sus socios parlamentarios, para poder hacer frente a la pandemia más allá del 9 de mayo.

Sin embargo, el Gobierno sí ha comenzado a trabajar en un plan para garantizar que las medidas de tipo social y económico que han ido aprobando los Ministerios durante la pandemia bajo el amparo del estado de alarma puedan seguir en vigor, si se determina que son necesarias.