El BNG ha alertado de «un frenesí» y un «bum» de plantaciones de eucalipto antes de que entre en vigor la moratoria anunciada por la Xunta para nuevas plantaciones de esta especie –prevista a partir de mayo– debido a un «efecto llamada».

Así lo han expuesto en rueda de prensa este miércoles, los diputados nacionalistas María González Albert y Xosé Luís Rivas, Mini, quienes tachan la moratoria de «paripé» en el marco de un «trabajo de confusión» que «está premeditado» con el fin de «agilizar nuevas plantaciones».

En concreto, Mini sostiene que «detrás de esta gran operación está Ence», «porque no se entiende que no esté hecha a propósito». Y es que la empresa, «últimamente, blande todas las espaldas en alto».

Tras quejarse de que no puede haber un plan forestal en Galicia sin un inventario «serio», ha advertido de que ya se rozan las 600.000 hectáreas, después de un ritmo de plantación de entre 10.000 y 12.000 hectáreas anuales en la última década.

Asegura que el anuncio de moratoria «arma una de las buenas» y provoca un «frenesí» de cortas de eucaliptos que «ya tienen valor» para volver a replantar cuanto antes. Todo ello, mientras se permite la plantación de la especie ‘nitens’, se queja.

Así, Xosé Luís Rivas muestra su «tristez» y califica la situación de «insostenible» mientras «ningún» país europeo cultiva esta «infraespecie».

CULTIVOS «ILEGALES»

En esta línea, María González Albert llama la atención sobre que se producen nuevas plantaciones «ilegales» en zonas como parcelas de frondosas, tierras agrarias y espacios protegidos. Sin embargo, critica que no hay una intensificación de las tareas de control por parte de la Xunta, en lo que identifica como «cierta connivencia».

Considera la moratoria una «maniobra de distracción», pues «crea una urgencia que no existía de plantar nuevas superficies».

A esto se une la «inseguridad jurídica» que provoca el anuncio de suspensión de plantación de eucaliptos, en un «despropósito desde el punto de vista legal».

González Albert recrimina que «no hay un modelo de rural», «mas allá de lo que marcan las propias empresas». Así, requiere un plan integral de desarrollo rural que priorice la superficie agraria útil y refuerce los servicios públicos.