La tensión verbal entre el Ejecutivo que dirige Alberto Núñez Feijóo y el Gobierno central se recrudeció desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en el año 2018, aunque los enfrentamientos dialécticos no siempre han tenido un reflejo formal y el año 2020, marcado por la pandemia, no se sumó ningún conflicto de competencias entre ambas administraciones.

En el último año, Xunta y Gobierno sí han confrontado verbalmente con la pandemia como telón de fondo. De hecho, una de las cuestiones más criticadas por el Gobierno autonómico, con Feijóo al frente, es que el Gobierno estatal no se dotase de una ley para «gestionar» la lucha con la covid-19 sin recurrir a otras herramientas como el estado de alarma. Una crítica que ha ido acompañada del impulso de una reforma de la ley de salud gallega.

Una ley que ha vuelto a poner el foco en los conflictos competenciales de ambos gobiernos, toda vez que el Ejecutivo central ha anunciado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma, recientemente aprobada por el Parlamento de Galicia, con el objetivo de que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de aspectos de la normativa como la posibilidad de obligar a la vacunación en situaciones epidemiológicas que lo requieran.

Este conflicto, que toma cuerpo finalmente tras cruces de declaraciones y el dictamen del Consejo de Estado, es el segundo en lo que va de año, ya que, según el listado actualizado al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno central también tiene dudas y ha formalizado otro ya en relación a preceptos de la Ley de pesca continental de Galicia, aprobada en enero de este 2021, que está en tramitación.

Por el medio, tras un 2019 que se cerraba con la reivindicación de la Xunta del pago de los 200 millones del IVA correspondientes a una mensualidad de 2017 (se presentó una demanda ante el Tribunal Supremo que sigue su curso de tramitación, según fuentes de la Consellería de Facenda), el año 2020 –marcado por la covid-19, con elecciones autonómicas en julio y parón legislativo– quedó en blanco en lo que a conflictos de competencias se refiere.

Y, al margen del último conflicto relativo a la ley de pesca continental y a la espera de como evolucionan las discrepancias por la ley de salud, todos los conflictos planteados desde que Pedro Sánchez pisó por primera vez La Moncloa se han resuelto, según la información facilitada por la Xunta, por la vía del diálogo entre ambas administraciones en el seno de la Comisión Bilateral, sin llegar a mayores litigios.

Así ha ocurrido con los puntos de discrepancia del Ejecutivo central con preceptos de las leyes de presupuestos y medidas fiscales y administrativas de 2018, la de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia de 2019, la de ordenación farmacéutica del mismo año, así como la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañaron a las cuentas autonómicas de 2019.

CON RAJOY SÍ HUBO RECURSOS ANTE EL TC

Y es que, pese a que las declaraciones suban de tono entre gobiernos de distintos colores o pueda parecer que la coincidencia de un mismo partido al frente de Ejecutivo central y Xunta puede paliar la conflictividad ‘formal’, no siempre es así.

La prueba es que el periodo en el que Mariano Rajoy permaneció al frente del Ejecutivo central no estuvo exento de conflictividad con Galicia. Tal es así que ambas administraciones se cruzaron varios recursos de inconstitucionalidad.

Según el listado que tiene el Ejecutivo autonómico en su página web, en 2012 la Xunta interpuso un recurso en relación al decreto por el que se procedía a la suspensión de las primas a las energías renovables. Era el primer conflicto por el que Feijóo llevaba al Ejecutivo de Rajoy ante el Tribunal Constitucional (TC). La sentencia llegó tres años después, en 2015: fue desestimado.

En el año 2014, la Xunta hace constar dos recursos interpuestos, esta vez, ante el TC por parte del Ejecutivo estatal. El primero, contra la ley de impulso y ordenación de las infraestructuras de telecomunicaciones de Galicia, obtuvo sentencia en 2016 y el resultado fue la anulación de varios preceptos.

El Gobierno central también recurrió ante el TC la ley de medidas que acompañaba a los presupuestos autonómicos de 2014 y, en 2016, el alto tribunal declaró la inconstitucionalidad y nulidad del texto refundido de las disposiciones legales de la comunidad gallega en materia de tributos cedidos por el Estado. El resto del recurso quedó desestimado.

Asimismo, en febrero de 2017, el TC declaró «inconstitucionales y nulos» varios preceptos de otra ley de medidas fiscales y administrativas aprobada por la Xunta, esta vez de finales de 2015, en los que se entraba a regular, entre otras cuestiones, la obligación de facturación de las eléctricas con base en consumos reales. También había sido recurrida por el Ejecutivo estatal. GALICIA, TERCERA COMUNIDAD CON MÁS CONFLICTOS

En todo caso, históricamente y en línea con su carácter de nacionalidad histórica, Galicia es una de las tres autonomías que figuran a la cabeza en conflictos de competencias con el Gobierno central, aunque a mucha distancia de Euskadi y Cataluña.

Así lo reflejan los datos del boletín de conflictividad del Ministerio de Política Territorial que, al cierre de 2020, ratificaba que en su historia autonómica Galicia sumaba menos de 80 conflictos, frente a los 183 de Euskadi y 367 de Cataluña.