El Partido Popular (PP) ha presentado este lunes, junto con Unión del Pueblo Navarro (UPN), un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley educativa, conocida como ‘Ley Celaá’ (LOMLOE) y el presidente de PP, Pablo Casado, ha argumentado que el texto «es un atentado contra la libertad» y que en cuanto llegue al gobierno la derogará.

Junto al presidente de UPN, Javier Esparza, Casado ha presentado el recurso en un acto celebrado en un colegio concertado, con la participación de la presidenta de COFAPA, Begoña Ladrón de Guevara, y el director del centro, Juan Ramón de la Serna.

El líder de los populares ha asegurado que la norma conlleva una serie de «problemas de libertad, de unidad del sistema y de calidad del mismo».

Según ha detallado, la ‘Ley Celaá’ es un «atentado contra la libertad» de elección de centro educativo, para escoger la enseñanza concertada y la educación especial para niños con discapacidad.

En este sentido, el presidente del PP ha lamentado «las palabras impresentables e inadmisibles» de la titular de la cartera de Educación y FP, Isabel Celaá, tras su respuesta al diputado ‘popular’ Juan José Martí, padre de una hija con síndrome de Down, en el Pleno del Congreso del miércoles. «En mi opinión, merecería su cese inmediato», ha subrayado Casado.

El líder de los ‘populares’ ha defendido la «legitimidad» del PP para afirmar que intentó llegar a un Pacto Educativo «desde el principio» y ha recriminado al Ejecutivo de Pedro de Sánchez «no ha pactado con la comunidad educativa, no ha pedido un informe al Consejo de Estado y se ha tramitado en pleno estado de alarma» por la pandemia del coronavirus.

LA LENGUA COMO INSTRUMENTO DE INGENIERÍA SOCIAL

Respecto a la unidad del sistema, Pablo Casado ha dicho que «claramente esta ley conculca lo que es una riqueza» y que «ataca al castellano como lengua vehicular en toda España». «Lo que resulta ridículo es que, además, se utilice la lengua como instrumento de ingeniería social para intentar tejer esos compartimentos estancos en las comunidades autónomas donde el nacionalismo está gobernando, como es el caso de Navarra, como es el caso del País Vasco, como es el caso de la Comunidad Valenciana, de Baleares o, por supuesto, de Cataluña», ha afirmado.

Para el presidente del PP, es necesario que haya un 65 por ciento, al menos, de materias troncales frente al «uso torticero de la educación al servicio de intereses partidistas». El tercer punto en el que se está conculcando la unidad del sistema, según ha indicado Casado, es que le ley deriva la inspección educativa a las comunidades.

Por otro lado, los ‘populares’ creen que la ley va contra la calidad educativa porque permite «pasar de curso con más asignaturas suspensas, incluido las troncales» y rechaza las evaluaciones de conocimientos y una EBAU nacional para el acceso a la universidad.

Según ha asegurado Casado, el PP ha abordado este tema con UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria, PNV e incluso con «algún partido nacionalista catalán», aunque como el debate coincidió con el de los Presupuestos Generales del Estado, «prevaleció completamente esa negociación».

«Nosotros lo hemos intentado», ha insistido, para después añadir que el objetivo del PP es que la ley no llegue a entrar en vigor. Además, ha recordado que en las comunidades en las que gobiernan los ‘populares’ ya se han tomado medidas para evitar que entraran en vigor ciertos preceptos de la LOMLOE. «Ya estamos haciendo lo que nos toca gracias a que el Estado autonómico permite ciertos contrapesos a los malos gobiernos cuando es el caso», ha zanjado.

UPN: «ROMPE CON EL CONSENSO»

Por su parte, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha criticado que la ‘Ley Celaá’ es una norma que «rompe con el consenso educativo» y «recorta derechos». «No sobran los motivos para presentar este recurso de inconstitucionalidad que lo que busca y lo que creo que tiene que tener como objetivo es paralizar este ataque frontal a los derechos de las familias en primer lugar, pero luego también buscar el buscar el consenso, buscar un gran acuerdo, que es lo que necesita esta país, que es de donde se está alejando precisamente esta ley», ha remachado.

«Lo único que queremos es educar a nuestros hijos de la mejor manera posible y creemos y confiamos en que para que eso pueda ser una realidad lo más importante es que podamos elegir el centro educativo que queremos para nuestros hijos», ha indicado la presidenta de la Confederación de Familias y Padres de Alumnos (COFAPA), Begoña Ladrón de Guevara.

El director del centro educativo que ha acogido la celebración del acto, Juan Ramón de la Serna, ha calificado la incitativa del PP de «pertinente» porque, a su juicio, expresa «el compromiso de la política de servir a la ciudadanía, al bien común, de favorecer el que los padres puedan tener el derecho de tener igualdad de oportunidades educativas».

El PP contrató al bufete de abogados Martínez-Echevarría, en el que trabaja el expresidente de Ciudadanos Albert Rivera, para recurrir ante al Constitucional la nueva Ley de Educación (LOMLOE), más conocida como ‘Ley Celaá’, según informaron a Europa Press fuentes ‘populares’.

El recurso, de 90 páginas, impugna 16 artículos (1, 8 bis, 10,12, 16, 17, 27, 28, 29, 50, 55 bis, 56, 78, 81 bis, 83 y 89) y dos Disposiciones Adicionales (la Tercera y la Cuarta) de la Ley Celaá, por entender que vulneran la Constitución española.