El BNG insta a alcanzar un «gran acuerdo» entre las fuerzas políticas del arco parlamentario para impulsar un cronograma de medidas destinadas a abordar de forma efectiva el problema del acoso escolar, entre las que se encuentra el impulso a una mesa de trabajo para elaborar una nueva estrategia gallega para afrontar esta lacra.

El diputado Manuel Lourezno presentó esta jueves en rueda de prensa una proposición no de ley que nace «con la voluntad de convertirse en un gran acuerdo de país» y que está dirigida a «alcanzar grandes consensos» entre todos los grupos de la Cámara y que también busca implicar a los diferentes agentes implicados en la comunidad educativa, para situar en el «lugar que corresponde» un problema «que causa muchísimo sufrimiento cada día» a los jóvenes gallegos.

«A día de hoy hay miles de niños de la comunidad educativa que fueron al colegio con miedo, que sufren cada día violencia verbal, física y psicológica en redes sociales, en el aula y en la vida social. Una violencia que como sociedad debemos parar», ha advertido.

El parlamentario del BNG denuncia que «los datos hablan por sí solos» sobre esta realidad oculta en los centros, en alusión a las contradicciones entre las cifras oficiales de acoso de la Xunta y del Gobierno central.

Así, a pesar de que el informe de la Estratexia Galega de Convivencia refleja que al menos un 21,8 por ciento de los escolares reconocen haber sufrido acoso alguna vez en su vida, las cifras del Ministerio reconoció únicamente 71 casos en el año 2017, el último del que hay registros.

Lourenzo ha advertido que, según el porcentaje plasmado en la encuesta de la Xunta (el 21,8%), las cifras de acoso ascenderían a unos 30.000 o 40.000 casos en la comunidad educativa gallega. «Las cuentas son claras», ha insistido.

FALTA DE REGISTROS

A estos datos ha añadido informes como el de la Unesco sobre violencia escolar en 2019, que habla de que uno de cada tres niños sufre acoso escolar, o el estudio de Amnistía Internacional ‘Hacer la vista gorda’, que dedica buena parte de su búsqueda de datos a la comunidad gallega y que aporta diversas reflexiones sobre la situación del territorio.

Entre ellas, el informe advierte de que no se implementan las medidas necesarias, que existen «importantes lagunas» en la protección de los escolares, o que el acoso no es un problema aislado de algún centro determinado, sino que las formas no físicas de este fenómeno «suelen pasar desapercibidas y no se documentan en los canales oficiales».

«Muchos casos no son trazados», ha insistido, y el propio informe de AI advierte de que estos casos (que se limitan a situaciones judicializadas) representan «la punta del iceberg» de un problema que no está tipificado «más allá de cuestiones vagas» en la legislación y en los protocolos.

El BNG señala la importancia de reformular la actuación social y de la administración puesto que los agentes implicados en esta materia consideran que son necesarias «medidas concretas y unificadas», dado que los protocolos e iniciativas que parten de la Estratexia Galega de Convivencia no se aplican de forma uniforme en todos los centros, que abordan este problema de forma diferente y provocan «disparidad».

SIETE PROPUESTAS

Por todo ello, el BNG propone una serie de medidas para intentar situar el acoso escolar en el centro de la acción educativa y que «deben implementarse de forma integral», para dar «la batalla social» y ofrecer mecanismos para atajar una cuestión que trasciende al propio centro.

Entre ellas, impulsar una mesa de trabajo con representación de los portavoces de los grupos políticos, profesores, anpas, educadores sociales y todos los agentes que tengan participación en el proceso para crear una nueva estrategia gallega contra el acoso.

También insta a crear campañas con incidencia real, basadas en la sensibilización y la implicación de la sociedad; un plan de formación contra el acoso en la comunidad educativa; que no se delegue toda la responsabilidad en el centro y se aborde «en toda su dimensión social».

Lourenzo considera «fundamental», a su vez, un refuerzo de personal, recursos y metodologías en los centros; crear redes y equipos de orientación para compartir y unificar criterios y acciones; impulsar una línea de atención con vías telefónicas y digitales para trazar y disponer de datos y crear una unidad especializada en la Consellería con profesionales del ámbito.

«Creemos que todos estos puntos de nuestra propuesta son susceptibles de un gran consenso», ha añadido, para poder tomar acción ante una realidad «dramática» que merece una reflexión social.