La concejala del Partido Popular de Pontevedra, Pepa Pardo, ha pedido este viernes la «dimisión inmediata» de la edil de Personal, Carme Fouces, a raíz de la sentencia del juzgado de lo social número 3 de Pontevedra, que ha calificado como despido improcedente el cese de Pilar Portela como gerente del Pazo da Cultura.

A finales del pasado mes de noviembre, el Ayuntamiento de Pontevedra cesaba a Pilar Portela en el marco de una reorganización que acabó con la disolución y supresión del organismo autónomo Pazo de Congresos y Exposiciones.

La exgerente del Pazo acudió a los tribunales alegando que su despido debía ser considerado nulo y, por lo tanto, pedía ser restituida en su puesto en el que llevaba 20 años trabajando. La sentencia, conocida esta semana, obliga al Ayuntamiento de Pontevedra a indemnizarla en 127.840 euros.

La concejala de Cultura, Carmen Fouces, que también ostenta las competencias en materia de personal, ha explicado que el Consistorio «asume» el reproche administrativo del juzgado sobre la forma en la que Portela estaba contratada, pero no la indemnización por lo que el fallo será recurrido ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El Ayuntamiento entiende que la indemnización que le correspondía a la exgerente, como cargo de alta dirección, ya fue abonada en su día como «finiquito».

Carmen Fouces ha explicado que en el Gobierno local «siempre considera que era un puesto de alta dirección», susceptible de ser cesado «sin motivación». De hecho, ha defendido que la indemnización que recibió la exgerente en su día «y que ella no rechazó» era «acorde» a su puesto directivo.

Fouces también ha puntualizado que la sentencia deja claro que la decisión de cesar a Pilar Portela no vulneró «ningún derecho fundamental» y que tampoco fue tomada como «represalia» o «animadversión» hacia la demandante, sino en el marco de una reorganización administrativa.

Sin embargo, el Partido Popular entiende que con esta sentencia «se penaliza a toda Pontevedra con un gasto innecesario de dinero público por una decisión política del BNG».

Por ello, la edil del PP, Pepa Pardo ha asegurado que «no es sostenible» que la concejala Carmen Fouces continúe ostentando las competencias en materia de personal «después de este varapalo judicial al Concello y, en particular, a su gestión». Y ha añadido que «Pontevedra no merece que la responsable de los trabajadores municipales tenga este tipo de actitudes y comportamientos».

Pepa Parto también ha recriminado la forma en la que se le notificó el despido, «después de más de 20 años de servicio, recién incorporada de una baja laboral, en medio de una pandemia y de una situación económica y social sin precedentes», Pardo ha reconocido que las maneras «fueron indecentes».

El PP defiende que se readmita y reincorpore a Pilar Portela, una postura que apoyan también todas las organizaciones sindicales con representación en el Ayuntamiento -CIG, UGT, CC.OO, AFUMPO, SPPME y CSIF- que han reclamado al gobierno municipal que no recurra este fallo judicial y proceda a la readmisión «urgente» de Pilar Portela como trabajadora municipal, adscrita al servicio de Infraestructuras Culturales.

Entienden que el juzgado de lo social número 3 de Pontevedra avala la «inexistencia» de sus funciones de alta dirección, por lo que consideran que debe ser subrogada en las mismas condiciones que todo el personal del Pazo da Cultura.