Un debate sobre la AP-9 ha derivado en un bronco intercambio de acusaciones entre los líderes de PSdeG, Gonzalo Caballero; BNG, Ana Pontón (BNG); y el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien ha reprochado al Ejecutivo central que exija al Gobierno autonómico volver a pagar por el ‘peaje en la sombra’ de dos tramos de la AP-9 en Rande y A Barcala.

Fue el PSdeG, de la mano de Caballero, el que llevó el asunto a la sesión de control celebrada este miércoles en el Parlamento autonómico, donde ha exigido al Gobierno autonómico que sea «parte de la solución» y contribuya desde las arcas autonómicas a la articulación de un acuerdo «histórico» que permita rebajar los peajes de la autopista no solo en 2021 –como ha comprometido el Ejecutivo estatal– sino hasta 2048, cuando finalizaría la concesión de Audasa.

«Usted tiene que responder a los gallegos si está dispuesto a contribuir a rebajar los peajes. Donde el Gobierno central bonifique el viaje de vuelta, ¿está usted dispuesto a bonificar el trayecto de ida para levantar los peajes abusivos que son responsabilidad del PP en la AP-9?», ha preguntado Caballero, quien ha advertido que el PP está «acorralado por su historia» dado que la prórroga de la concesión hasta 2048 la formalizó el Gobierno de José María Aznar.

Feijóo ha replicado con contundencia que Galicia «no puede pagar la bonificación del peaje de una autopista (de titularidad) estatal ni antes ni después de la transferencia (de la AP-9)» y ha reprobado la visión «sesgada y, por lo tanto, falsa» planteada por Caballero, al tiempo que ha recordado que «los gobiernos de UCD y de Felipe González» también «ampliaron la concesión» de la AP-9.

De hecho, a juicio de Feijóo, se podría decir que «los socialistas fueron los primeros, al fijarlo hasta 2023, ya que UCD solo fue durante un año».

«El PSOE la amplió para dejarla conectada y con peaje Vigo-Tui; mientras que el Gobierno de Aznar consiguió la conexión gratuita Fene-Ferrol de forma continuada y constante», ha reivindicado el mandatario gallego, quien ha asegurado no tener inconveniente en reconocer «los errores» que pudieron haber cometido los populares en relación a la concesión de la AP-9, pero incidir en que ve «una broma de mal gusto» que se pronuncien los socialistas.

REQUERIMIENTO TRAS LA SENTENCIA DEL SUPREMO

Y a renglón seguido, ha cargado contra el convenio suscrito en 2006, durante la etapa del gobierno bipartito de PSOE y BNG en Galicia, por el que se suscribió un convenio para bonificar mediante la fórmula de ‘peaje en la sombra’ los tramos de Rande y A Barcala. «Denunciamos el convenio y ahorramos 400 millones de euros a Galicia hasta 2048, a razón de 7 millones de euros al año», ha dicho, en relación al acuerdo adoptado con el Gobierno de Mariano Rajoy, que eximía a Galicia de este pago.

Pero ahora, ha reprochado que el Gobierno vuelve a exigir a la Xunta que aporte su parte correspondiente a ese convenio y ha aludido a un requerimiento del Ejecutivo central –que ya se había dado a conocer, al igual que el de la propia compañía– de finales de diciembre en el que plantea al Gobierno autonómico que vuelva a asumir su parte de este convenio.

Dicho requerimiento, sin embargo, deriva de una sentencia judicial del Tribunal Supremo. Y es que el acuerdo adoptado en su día cuando Íñigo de la Serna tenía la cartera estatal de Infraestructuras no solo eximía a la Xunta del pago de estos 7 millones anuales, sino que decidía bajar a la mitad la cuantía que iba a abonar a Audasa por ambos peajes con el argumento de que la concesionaria se enriquecía «injustamente».

Audasa recurrió esta decisión y ganó. Así, en febrero del año pasado el Tribunal Supremo falló a favor de la empresa en su contencioso contra el Estado y la Xunta y le reconoció el derecho a ser indemnizada por la modificación que en 2017 se realizó del sistema de retribución del ‘peaje en la sombra’ implantado en 2006 en Rande y A Barcala, con el objetivo de que fuesen gratuitos para los usuarios.

En dicho fallo, el Supremo condenaba al Estado a pagar, eso sí, «sin prejuicio del derecho que pudiera asistirle frente a la Administración de la Comunidad galega como consecuencia de los efectos que pudieran derivarse de los compromisos acordados en el año 2006». Y a raíz de este fallo, el Gobierno envió el requerimiento que este miércoles ha reprobado Feijóo.

REUNIÓN CON ÁBALOS

Más allá, aunque Feijóo ha dejado claro que se opone a que las arcas de la Xunta sufran nuevos impactos por decisiones ligadas con la AP-9 –también ha recalcado que el traspaso tiene que producirse en unas condiciones que no perjudiquen a Galicia–, ha remitido a la reunión que tendrá con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para analizar cómo van a «colaborar» ambas administraciones.

«En los próximos días tendré una reunión de trabajo con el ministro Ábalos. Él sabe que soy leal y le diré lo que esta pendiente, lo que está retrasado y lo que no puede esperar más», ha sentenciado Feijóo. Dicho encuentro, según han ratificado a Europa Press fuentes del entorno del presidente, está previsto para el 10 de marzo.

UN PP «ACORRALADO» POR SU HISTORIA

Enfrente, Gonzalo Caballero ha afeado las distintas decisiones adoptadas por gobiernos populares que han incidido en la ampliación de la prórroga de la concesión de la AP-9 a Audasa y ha lanzado su propuesta de que el Ejecutivo autonómico «contribuya» a un «acuerdo histórico» en el que trabaja –ha dicho– el Gobierno central para que se puedan rebajar hasta 2048 los «abusivos» peajes de la autopista.

«Sea parte de la solución y no parte del problema. Colabore, haga un estudio económico y vea cómo puede contribuir desde las arcas de la Administración autonómica por ese regalo envenenado del PP con peajes abusivos hasta 2048», ha retado el líder del PSdeG, quien ha enfatizado que los socialistas no solo «lideran» la reivindicación del retraso sino que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido «el primero» que aporta recursos en sus presupuestos de este año para la rebaja efectiva de peajes.

Esta afirmación la ha vuelto a aprovechar para criticar a los grupos que votaron en contra de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), apuntando al PP, pero también al BNG.

PONTÓN: «CAUSA BOCHORNO»

En su turno de pregunta, la líder del BNG, Ana Pontón, ha arrancado su intervención asegurando que «causa bochorno» ver a Feijóo y a Caballero «tirándose los trastos a la cabeza por un tema en el que ni uno ni otro movieron un dedo».

A renglón seguido, ha reivindicado que la rebaja de peajes se impulsa «gracias al acuerdo de investidura» que, en su día, firmó el BNG, y que «se debía haber ejecutado el 1 de enero». «Pero el señor Sánchez puso en modo de espera a Galicia», ha lamentado, para añadir que la AP-9 refleja «un retrato de la inutilidad de las fuerzas estatales» que representan Feijóo y Caballero en Galicia.