El Pleno del Ayuntamiento de Vigo ha aprobado una moción del PSOE, con apoyo de Marea y BNG, y la abstención del PP, en la que insta a la Xunta a iniciar los contactos con las entidades locales para que establecer los mecanismos y criterios que éstas deben seguir para presentar proyectos con los que captar fondos europeos de recuperación, relativos a políticas sociales y de cuidados.
Al respecto, la concejal de Bienestar Social, Yolanda Aguiar, ha recordado que el Gobierno de España prevé destinar a estas políticas 910 millones de euros, de los que más de 700 millones serán ejecutados a través de las Comunidades Autónomas y ayuntamientos. «Es una oportunidad histórica para poner a las personas en el foco de las políticas», ha subrayado la edila socialista.
Sin embargo, ha criticado que la Xunta de la Galicia no haya abierto ninguna ronda de contactos con los ayuntamientos, ni facilite información sobre las líneas estratégicas para que las entidades locales puedan presentar sus candidaturas y optar a esos fondos. En el caso de Vigo, ha avanzado, el gobierno local prevé presentar «tres proyectos muy importantes», pero la respuesta del gobierno gallego ha sido «el silencio».
Por su parte, el PP ha defendido la gestión de la Xunta durante la pandemia y el apoyo a los municipios, mientras que ha denunciado que el Gobierno central no ha incluido en los Presupuestos Generales el «prometido» fondo de recuperación para los ayuntamientos.
Mientras, el portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, ha pedido que se contemple la posibilidad de presentar también proyectos de organizaciones y se permita una mayor participación de colectivos. En la misma línea, el edil nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, ha reclamado la creación de una comisión para definir de forma participativa esos proyectos que optarán a fondos europeos.
PATRIMONIO
Otra de las mociones debatidas, y que ha sido aprobada con los únicos votos favorables del PSOE, ha sido una propuesta del grupo de gobierno en la que insta a la Xunta a «desbloquear» los proyectos municipales que tiene «paralizados» y a «delegar en el Ayuntamiento» las competencias en materia de Patrimonio.
En el debate de la moción, la concejal de Urbanismo, María José Caride, se ha referido al bloqueo por parte de la Xunta de varias actuaciones municipales y, en concreto, ha señalado que paralizó «por una decisión política» la instalación de rampas en Gran Vía, y ha defendido que sea el Ayuntamiento el que gestione la protección de su patrimonio.
Frente a estas afirmaciones, el PP ha advertido de que los informes de Patrimonio de la Xunta siguen criterios técnicos para proteger inmuebles, monumentos y otros bienes de interés.
Marea de Vigo, por su parte, ha advertido del riesgo de dejar en manos del gobierno local la gestión de esa protección en relación con actuaciones y obras como las de Gran Vía, porque sería «el sueño erótico de cualquier promotor». En la misma línea, el concejal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha atribuido la moción del grupo de gobierno al intento de dejar «barra libre para que nada frene los caprichos del alcalde».
ESCUELA INFANTIL SANTA MARTA
Por otra parte, en el pleno de este miércoles también se ha abordado la situación de la Escuela Infantil Municipal Santa Marta, y su traslado al CEIP Ramón y Cajal, y se ha aprobado una moción del PSOE (con los únicos votos favorables de este grupo) en la que se insta a la Xunta a facilitar este traslado, debido a las obras que se van a hacer en Barrio do Cura, y a habilitar en ese colegio una escuela infantil permanente.
El concejal de Educación, Gorka Gómez, ha defendido ese traslado, alegando que el CEIP Ramón y Cajal tiene aulas vacías y espacios infrautilizados, y ha lamentado que, aunque la propuesta tuvo inicialmente una buena aceptación por parte de la comunidad educativa del centro y de las familias afectadas, en cuanto la Xunta expresó su oposición a la medida, «todas las facilidades se convirtieron en obstáculos». Asimismo, ha subrayado que, una vez finalizadas las obras en Barrio de Cura, se abriría una nueva escuela, por lo que serían dos en el centro de la ciudad.
Mientras, los grupos de la oposición han afeado al gobierno local que haya actuado con «improvisación» en este tema, después de haberse comprometido a buscar una alternativa antes de tener que desalojar la escuela Santa Marta. Además, han recordado que, según el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la promotora que urbaniza ese ámbito, la concesión de licencia de obra está condicionada a la construcción de una nueva escuela infantil.
Por otra parte, el concejal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha presentado una moción en la que insta al gobierno local a garantir la continuidad de esa escuela infantil, con la matrícula correspondiente a todos las franjas de edad, en una ubicación viable. Esta propuesta fue rechazada, ya que el PSOE, grupo mayoritario, votó en contra, insistiendo en que el rechazo de la Xunta al traslado al CEIP Ramón y Cajal es «una decisión política».
