El Gobierno ha justificado la presencia de la abogada general del Estado, Consuelo Castro, en el acto formal de la entrega del pazo de Meirás como representante de la Administración General del Estado, en respuesta a una pregunta parlamentaria de Vox en la que criticaba la «escenificación».

El acto tuvo lugar el pasado 10 de diciembre y consistió en la entrega de las llaves por parte de la juez Marta Canales a la abogada general del Estado en presencia de los letrados de las partes personadas en la causa judicial contra la familia Franco.

El Ejecutivo ha explicado, en una respuesta escrita, que Castro intervino «en representación de la Administración General del Estado», conforme al Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.

TENÍA SU IMPORTANCIA

En concreto, ha aludido al artículo 12 de este reglamento, el cual establece que «el abogado general del Estado podrá asumir para sí actuaciones contenciosas o consultivas concretas cuando considere que la importancia o la índole del asunto lo requiera».

Además, ha recordado que se trató de una «actuación judicial» acordada por el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de A Coruña para la ejecución provisional de la sentencia dictada el pasado 2 de septiembre por la que se ordenó que el pazo de Meirás volviera a manos públicas.

Vox había planteado a Moncloa, en una pregunta formulada el pasado 21 de diciembre, «en calidad de qué actuaba doña Consuelo Castro, abogada general del Estado, en esta escenificación».

El partido mencionó en ese sentido el artículo 1.3 de dicho reglamento, donde se señalan las funciones del Servicio Jurídico del Estado, que son principalmente de asesoramiento jurídico y representación ante los juzgados y tribunales, aunque también «las restantes funciones que le atribuya el ordenamiento jurídico».