El portavoz del PP en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy, ha defendido este lunes la «seguridad jurídica» que ofrecerá tanto a los ciudadanos como a la Xunta la polémica reforma de la ley gallega de salud que se debatirá en el pleno de este martes, tras lo cual ha acusado a la oposición de «coincidir» con los negacionistas en los argumentos para no apoyarla.

En una rueda de prensa ofrecida este lunes en el Pazo do Hórreo, Puy ha dicho estar «sorprendido» por la postura del BNG y el PSdeG con esta reforma que busca dotar «de medios» legales a la Administración gallega para luchar contra la pandemia y que, previsiblemente, saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta de los populares.

«La oposición dice que esta ley instaura un estado de alarma permanente, un argumento que coincide precisamente con los negacionistas que se manifestaron el sábado en Santiago», ha añadido, en referencia a las movilizaciones convocadas por Policías por la Libertad, con el apoyo de otros colectivos, y que se prevé que se repitan este martes frente al propio Parlamento, coincidiendo con el debate.

En concreto, esta iniciativa fue registrada por el Grupo Popular en la Cámara y pretende adaptar la Lei 8/2008, de Saúde de Galicia, a un contexto de pandemia con la inclusión, entre otras cuestiones, de un régimen de sanciones de hasta 600.000 euros, en función de la gravedad y las conductas. Este texto ya vivió una anecdótica polémica durante su tramitación, cuando el portal web ‘Lexisla con nós’ del Parlamento se llenó de cientos de mensajes en su contra.

Por parte de la oposición, el PSdeG ha sido más extenso en sus críticas hacia la reforma. Su portavoz parlamentario en materia sanitaria, Julio Torrado, ha afeado a los populares que no quisiesen «cambiar nada» de la propuesta desde que la registraron, al tiempo que ha asegurado que no sirve para «afrontar» los problemas de salud pública derivados de la covid.

A su juicio, implanta un «estado de excepción más duro» cuando «el mismo Gobierno de Feijóo no quería un estado de alarma en una pandemia». Dicho esto, Torrado ha advertido de cómo «los tiempos de crisis sirven» para que «las derechas más duras» aprovechen para «restringir derechos».

«UN DUDOSO ENCAJE LEGAL»

No en vano, el diputado socialista ha recordado que la limitación de libertades individuales tiene «un dudoso encaje legal», porque son «cuestiones que tienen que ver con leyes orgánicas» y que incluso necesitan la aprobación de «dos tercios del Congreso de los diputados».

Además, Torrado ha lamentado que esta ley «llega tarde», ya que «otros gobiernos autonómicos» aprobaron «en mayo y en junio» del año pasado «reglamentos sobre sanciones y restricciones» para un contexto de pandemia.

Sobre la polémico en torno a la vacunación obligatoria –en caso de que así lo decreten las autoridades sanitarias–, ha recordado que «prácticamente todos» los gobiernos occidentales y las sociedades científicas apelan a trabajar «sobre la concienciación».

Así, ha explicado que el PSdeG se sitúa «en el sentido común», ni del lado de «los negacionistas» ni en una «posición autoritaria», porque la reforma legislativa «en ningún caso» menciona la vacunación «sujeta a criterios científicos».

Al hilo de esto, Torrado ha explicado que existen «situaciones excepcionales» en las que los jueces «pueden tomar decisiones», como el caso de las reiteradas sentencias que obligan a la vacunación de usuarios de residencias de mayores.

EL PPDEG «SE METE EN UN CHARCO»

En la misma rueda de prensa, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha recalcado que el estado de alarma actualmente vigente ya dota a la Xunta de «los instrumentos» para luchar contra la pandemia «con respeto al Estado de derecho» y con medidas basadas en «informes del comité clínico», que ha dicho «no cuestiona».

De igual modo, el líder de los socialistas gallegos ha tachado de «improcedente» esta reforma de la ley de salud de Galicia, con la que cree que el PPdeG «se mete en un charco intentando regular y legislar aquello para lo que no tiene competencias»: «El debate sobre esta ley es un mecanismo para despistar, para confundir».

Preguntado sobre si el texto puede ocasionar un recurso de constitucionalidad, Caballero se ha limitado a responder que serán «los servicios jurídicos del Estado» los que «tendrán que trabajar» en ese sentido.

UNA LEY QUE «CREA PROBLEMAS DONDE NO LOS HABÍA»

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha subrayado que los nacionalistas «no pueden apoyar una ley que no aporta soluciones a la pandemia» y que «crea problemas donde no los había».

En este sentido, ha incidido en que la reforma «debía reforzar el sistema sanitario público» ante la pandemia de la covid-19. En cambio, ha lamentado, «lo único que se refuerza son sanciones y multas» para los gallegos, que «se comportaron de una manera ejemplar en esta crisis».

Así, Ana Pontón ha insistido en la necesidad de dotar de «más medios y personal» al sistema sanitario público, «lo que no hace esta ley promovida por el PP».

EL PP DE UN «PASO IMPORTANTE»

Frente a todas estas críticas, el portavoz parlamentario del PPdeG, grupo que impulsó la reforma, ha valorado el «paso importante» que supone para «la dotación de medios» a la Xunta en materia sanitaria, «con garantías jurídicas» en la restricción de «algunos derechos fundamentales».

Pedro Puy ha argumentado la necesidad de la norma con que «distintos operadores jurídicos», entre ellos jueces, solicitaron que las sanciones impuestas por infringir las medidas contra la pandemia debían «tener una base en una ley sanitaria» y no en el Código Penal.

Además, ha recordado las palabras del lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, cuando aseveró que las comunidades autónomas tienen ya «agotados» los mecanismos que ofrece el estado de alarma.

A Pedro Puy también le resulta «sorprendente» que se diga que la ley «no sirva para reforzar la sanidad pública, cuando es para absolutamente todo lo contrario», y ha dicho que «conforme avanza el tiempo» se hace «más necesario» un cambio legal.