Los tres grupos con presencia en la Cámara gallega (PPdeG, PSdeG y BNG) han respaldado una iniciativa parlamentaria que insta a la Xunta a ejecutar la totalidad de los fondos de los programas de desarrollo rural en las distintas anualidades.

En concreto, la proposición no de ley aprobada este viernes por unanimidad en la Comisión 7ª de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes incide en la necesidad de ejecutar «el 100% del presupuesto» de estos programas para «darle al rural gallego todos los elementos posibles para subsistir dignamente y conseguir mejoras que le hagan ganar en consideración social».

La proposición fue promovida por el Grupo Parlamentario del BNG y defendida en la comisión por la diputada María del Carmen Aira, que ha puesto el foco en la «lentitud de ejecución» en los programas de desarrollo rural, que en el referente al período entre 2007 y 2013 dejó sin uso en torno al 5% del total que, traducido en cifras, supuso casi 56 millones de euros, a los que habría que sumar las confinanciaciones de las actuaciones que corresponderían a Xunta y Estado.

La parlamentaria nacionalista ha asegurado en que este problema puede responder a la «falta de agilidad y compromiso político» por parte del Ejecutivo autonómico y a que la Consellería do Medio Rural carece de «medios materiales y personales suficientes para la gestión de estas medidas» puesto que, según Aira, las plantillas del sistema público de asesoramiento en materia agraria está «mal dimensionadas».

En su turno de interevención, la diputada popular Elena Candia, encargada de defender la postura del grupo mayoritario, ha afirmado que a falta de «tres anualidades» para «completar la ejecución», el uso de los recursos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) se situó en diciembre de 2020 en el 70%.

De este modo, Candia justificó el apoyo de su grupo a la proposición no de ley del Bloque en la «voluntad de mandar un mensaje a Europa y al mundo de que Galicia ejecuta».

Por su parte, el diputado del PSdeG Martín Seco ha lamentado que la Administración autonómica tenga «cada vez menos capacidad» para, dice, ejecutar los fondos que proceden de programas europeos.